Fue la justicia porteña que luego de varias presentaciones y pedidos de entidades, pide presentar un plan que garantice la accesibilidad al subte a todas las personas con movilidad reducida.
El 66% de las estaciones de subterráneo porteño no cuentan con mecanismos que posibiliten la accesibilidad total a personas con discapacidad total o movilidad reducida, según un relevamiento realizado por la Justicia en marzo último.
Así fue como la Sala II en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por los jueces Carlos Balbín y Esteban Centanaro, ordenó a Subterráneos de Buenos Aires S.E. que presente un plan que garantice la accesibilidad en la totalidad de las estaciones de subte y la circulación en los andenes y recorrido peatonal.
Además, los jueces solicitaron que Metrovías SA acredite en diez días, el regular funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas en las bocas de acceso.
En el fallo, dado a conocer en las últimas horas, los magistrados señalan que “las personas con discapacidad gozan de protección constitucional, de manera específica, a tenor de lo dispuesto en los términos del artículo 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional”. Además, los camaristas subrayaron en el dictamen que “con el dictado de la Ley 5.770 se incluyó en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad que se debe garantizar el acceso de personas con movilidad reducida a todas las estaciones de la red de subterráneos”.
En octubre de 2017 durante el Encuentro Latinrieles, Eduardo de Montmollin, presidente de SBASE fue consultado por Notitrans.com sobre esta temática, y explicó: “Hay un plan maestro para incorporar asesores en todas las estaciones. Esto es una inversión muy importante que aún no está aprobado, es decir, la Legislatura en última instancia que es la que decide el presupuesto de la Ciudad y de todos los organismos, tiene que definirlo”. También anunció la incorporación de “un salvaescalera en una estación”, dijo.
“Lo que nosotros estamos planteando de forma alternativa es algún mecanismo alternativo para poder darle a las personas de movilidad reducida un mecanismo tipo salvaescalera que les permita subir y bajar a las personas con movilidad reducida”, explicó durante la entrevista realizada por nuestro medio.
La judicialización de la accesibilidad
La resolución, que tomó esto público días atrás, surge de la causa denominada “Fernández, Gustavo Damián y otros contra GCBA y otros sobre incidente de apelación –amparo- usuarios y consumidores”, y que inició Fernández, que es discapacitado y hace más de diez años tiene un local en la Galería Sur que se encuentra debajo del Obelisco.
Según publicó el portal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por su condición de discapacitado motriz y la inexistencia de rampas, Fernández se ve obligado a pagarle a dos personas para poder entrar y salir de su trabajo, y por eso inició la presentación a fin de que se tomaran las medidas que garantizaran el acceso a su ámbito de trabajo.
