La compañía sostuvo que la decisión se toma "en salvaguarda del interés público y el de sus accionistas (públicos y privados)". La petrolera consideró que la resolución del juzgado "no tuvo en cuenta el pedido de audiencia que efectuó YPF y no estableció recaudos que impidan la divulgación a terceras partes ajenas al proceso (empresas competidoras y otros actores) de información con claro valor geológico, comercial, técnico e industrial".
"La ausencia de esos recaudos, previstos en el régimen de Acceso a la Información Pública, coloca a YPF en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas para el desarrollo de Loma Campana y futuros proyectos de la compañía", sostuvo la empresa estatizada en un comunicado.
El presidente y CEO de la empresa, Miguel Galuccio, se mostró a favor de revelar todo el convenio, pero según trascendió los representantes del Estado se opusieron, entre ellos Miguel Gutiérrez, el futuro presidente de la empresa, Carlos Felices, Daniel Montamat y Emilio Apud, entre otros. La declaración de la compañía sostiene que "cumple sistemáticamente con la remisión de información a las distintas autoridades de aplicación a nivel nacional y provincial que regulan y supervisan su actividad". Agregó que la totalidad de la inversión "se destina al desarrollo del proyecto Loma Campana y se encuentra sujeto a estrictos controles y a la auditoría de reconocidas firmas especialistas en la materia".
