En San Miguel de Tucumán hay 424 colectivos que prestan el servicio para una población de más de 600.000 habitantes. Esa cantidad de unidades está distribuida entre las 14 líneas de ómnibus urbanas que circulan diariamente. De ese total, el 90% son vehículos que cuentan con más de dos años de antigüedad. Es decir, el 10% restante (44 unidades) son vehículos cero kilómetro, según indica un informe que los funcionarios de Transporte municipal elevaron a los concejales de la capital.
El informe detalla de manera minuciosa que el 58,7% (249 vehículos) del parque automotor está constituido por unidades de entre cuatro y ocho años de antigüedad. El 40,5% (172 vehículos) lo componen colectivos de entre cero y tres años de uso, y el 0,7% (tres vehículos) corresponde a colectivos de nueve a 10 años de antigüedad.
Por otro lado, de las 14 líneas que circulan por la capital, sólo dos empresas (líneas 10 y 12) trabajan con permiso precario. Además, la renovación de la licencia de la línea 18 se encuentra en trámite, según indica la documentación. El resto de las empresas tienen vigente sus permisos para explotar la actividad.
En el informe hay un dato que no deja de ser llamativo. Mientras el intendente, Domingo Amaya, afirmó a comienzos del año que el municipio está trabajando en la aplicación de la tarjeta SUBE, desde el área de Transporte expresan que "la repartición no participa en su implementación". Extraoficialmente, había trascendido que la tarjeta SUBE iba a ser implementada en julio de este año.
Los subsidios y el pedido de aumentos
Según se desprende de la página web de la Secretaría de Transporte de la Nación, entre las 14 empresas que prestan el servicio en San Miguel de Tucumán se reparten más de $ 6 millones por mes en subsidios. Lo que representa un total de $ 72 millones al año.
El monto otorgado está relacionado al corte de boleto. Mientras más usuarios utilicen el servicio, mayor es el porcentaje que aportes que envía el Gobierno nacional. La mayor cantidad de dinero es absorbido por siete firmas: a cada una de estas les corresponde un promedio de $ 500.000 por mes.
Pese a que -por el momento- los concejales frenaron cualquier posibilidad de aprobar una nueva suba en el precio del cospel, desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) confirmaron a LA GACETA que durante esta semana presentarán el pedido de incremento en la ficha.
Según afirmaron los empresarios, la fórmula polinómica que evalúa los costos del sector fija que el precio del boleto urbano debe costar $ 3,35. Sin embargo, indicaron que el pedido ante las autoridades del Concejo será de $ 3, pese que los propietarios de ómnibus deberán afrontar una suba salarial de $ 1.000 otorgado, el jueves, a los choferes.
