La organización civil realizó el planteo ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 4, en el que Schiavi presentó el 30 de noviembre pasado una querella contra el sindicalista.
El funcionario consideró en su momento que Cirielli había incurrido en "un ejercicio abusivo de la libertad de expresión" tras hacer declaraciones periodísticas en su contra.
Schiavi opinó que las palabras del gremialista resultaban "altamente perjudiciales porque, al propagarse, tienen la aptitud de interferir negativamente en las relaciones sociales, laborales, económicas y de las más diversas índoles" y afectaban "la confianza de los ciudadanos en la gestión pública".
Cirielli, recordó el CELS en un comunicado, había calificado al secretario de Transporte como "irresponsable" por retirarse de una reunión que mantenían por los conflictos gremiales en la empresa Aerolíneas Argentinas para asistir a un programa de televisión.
Además, había afirmado que Schiavi era "el principal culpable de todos los problemas que hay en el transporte aeronáutico" y "un ignorante", al tiempo que recordó que había sido "funcionario de (el ex intendente porteño, Carlos Grosso), devenido en macrista y mentiroso".
El CELS consideró que las declaraciones de Cirielli constituyen un tema de "interés público", porque "no se refieren al accionar de Schiavi en el ámbito privado sino que cuestionan sus actos como funcionario público".
Ante esa situación, recordó que en 2009 el Congreso de la Nación despenalizó los delitos de calumnias e injurias para expresiones de interés público con la sanción de la ley 26.551.
Al respecto, mencionó que la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el 10 de noviembre pasado que manifestaciones de esta índole "no configuran delitos penales" y estableció un precedente para que los tribunales argentinos no den curso a estas demandas.
La despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público, opinó el CELS, "ha sido un importante avance en la Argentina".
"Sin embargo, hechos como éste dejan en evidencia que continúa pendiente el desafío de generar un cambio cultural que garantice una postura homogénea de los funcionarios y personajes públicos que impulsan querellas por difamación", destacó.
