Así lo anunció la secretaria de Desarrollo de Brasil, Heloisa Menezez, luego de los encuentros que mantuvieron el sábado pasado en Buenos Aires la ministra de Industria, Débora Giorgi, y su par de Desarrollo, Fernando Pimentel.
Según informa el diario de Brasil Valor Económico, actualmente el país vecino calcula la integración de un auto fabricado dentro de su territorio en base a los costos, que incluyen piezas y otros gastos como la publicidad.
El cambio apunta a que se tome en cuenta solamente los costos de piezas y componentes para medir la participación local en los autos, que de acuerdo con el régimen del Mercosur, debe ser de 60 por ciento regional y 40 importado.
"Hay varias metodologías. Estamos estudiando la mejor forma de cálculo, que sirve de estímulo a la producción y compra de piezas en Brasil" señaló la funcionaria.
Tanto Brasil como Argentina tienen un fuerte déficit de piezas y autopartes para el montaje de vehículos.
En el caso de la Argentina, el 70 por ciento de un auto fabricado en el país es en rigor importado y tan solo 30 por ciento corresponde a partes nacionales, generalmente concentrado en piezas de bajo valor tecnológico.
Así, el crecimiento del mercado local, estimado en unos 860 mil unidades para 2011, tiene como paradoja que entre autos importados y piezas, le deja un saldo negativo de unos 7.000 millones de dólares luego de exportaciones.
En Brasil, según dijeron el sábado pasado los funcionarios de Dilma Rousseff, el problema es sobre todo con el autopartismo de extrazona.
Ambos gobierno ahora pretenden que las autopartistas multinacionales, que generalmente se instalan donde las automotrices radican terminales, se decidan a venir al Mercosur, luego de algunas medidas de estímulo y algunas restricciones.
Menezez prefiere no comprometerse a plazos, pero dijo que la nueva normativa debe salir a finales de este año. "No sólo es una política a corto plazo. Queremos preparar a la industria nacional de suministro de las partes", agregó.
El decreto estaba programado que saliera hace dos semanas, pero se retrasó por una decisión de los ministros de Hacienda, Guido Mantega, y Desarrollo, Fernando Pimentel.
