La Secretaría Parlamentaria de la Legislatura porteña recepcionó días a tras una solicitud de informe que busca conocer detalles sobre la cantidad y la calidad de dispositivos "SalivaConfirm", que fueron adquiridos hace 10 meses por el gobierno porteño.
La solicitud se formula luego de que un matutino porteño publicara una investigación acerca del tema. “A 10 meses de su implementación, ha surgido a la luz que su eficacia diagnóstica resulta nula: ello, a través de una nota periodística publicada el día 04 de abril de 2011 en Página 12, caratulada "Un control caro, trucho, insano e inútil"”, explica el documento firmado por Claudio Palmeyro y Gonzalo Ruanova.
Allí se pide al Poder Ejecutivo detalles sobre las resoluciones que autorizan las compras del Test de Saliva y los montos erogados. Y que “se de a conocer la publicación científica y argumento médico-legal, en la que han basado la utilización del método y la marca, y porcentaje de efectividad del método utilizado con su fuente de respaldo”, señala.
El escrito solicita especificaciones sobre cantidad de controles realizados, y de exámenes que han dado positivo aún de contraprueba, como así también, que se de a conocer las cifras de las licencias de conducir secuestradas como consecuencia de dichos controles, y el número de conductores que se han negado a realizar los test de estupefacientes en la ciudad.
Por último requiere datos sobre “el procedimiento que se realiza una vez confirmado el positivo en el conductor (acarreo del vehículo, labrado del acta, descuento de puntos, devolución de licencia y rodado)”.
Fundamentos
Acerca del sistema de control de estupefaciente utilizado, el proyecto fundamenta que “desde mediados del año pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaria de Seguridad Urbana, ha implementado el sistema de control de estupefacientes a través del método de saliva cuya marca comercial es SalivaConfirm”, y agrega: “Desde entonces, se ha dudado acerca de su efectividad en humanos y los entrecruzamientos con sustancias permitidas, necesarias para la salud de los pacientes que las utilizan”.
“Con todo lo expuesto, no caben dudas que nos encontramos ante un sistema que lejos de ser diagnóstico, resulta evidentemente inútil, y lleva a restringir los derechos de los ciudadanos, sin poseer la certeza de encontrarnos con un método que haga a la seguridad en el tránsito”, expone el escrito, y sentencia que “el Poder Ejecutivo, deberá rever la forma en que controla el consumo de estupefacientes, siendo que el que utiliza actualmente resulta inocuo para tal fin”.
