Ayer fue procesado Rubén Pol, ex jefe del Departamento Administrativo y Operaciones Sur, acusado de ser el regente durante más de un año de su propia feria clandestina en un galpón del puerto de Buenos Aires, propiedad del Estado, donde se vendía al público mercadería de origen presuntamente robado. El ilícito comenzó en agosto de 2015 hasta que un trabajador elevó el dato de lo que estaba sucediendo y terminó en escándalo, con el despido de tres empleados. Tras varios meses, en agosto de 2016, la Administración General de Puertos, encabezada por Gonzalo Mórtola, tomó las riendas de la querella en la causa y aportó testigos.
Con respecto a Pol, el funcionario de la AGP dijo: “Es imposible que no haya tenido noción de lo que acá ocurría. En el expediente consta que se contradice en varias opiniones, en sus declaraciones. Por eso es que el juez Rafecas lo procesa en la causa y la jueza nacional laboral le saca los fueros gremiales, lo que nos permite a nosotros poder generar un despido con causa, que antes no podíamos hacerlo por más que fuera un delincuente”, agregó Mórtola en declaraciones a la prensa.
El denunciado, sin vínculos sindicales
Por su parte, desde la Asociacion del Personal de Direccion de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) indicaron a Notitrans que Pol “no fue miembro de la comisión directiva, sino que participó como vocal suplente de la gestión anterior”. También dijeron que el cargo “fue suspendido por una licencia por enfermedad dos años atrás” y recalcaron que Pol “no tiene nada que ver con la actividad sindical”.
Mórtola, que ya había motorizado causas por usurpación de terrenos en la Villa 31, también habló sobre el escenario antes de su gestión: “Nos encontramos con la baulera de la Republica Argentina, realmente con un abandono absoluto, y cuando empezamos a hacer un sondeo de los distintos lugares que había, de las distintas concesiones, y a su vez de las causas judiciales, nos encontramos y nos sorprendemos con esto, que justamente era una ‘saladita’: una causa que estaba parada”. Además, se manifestó “asombrado” al saber que el Estado no era querellante en la causa, ni la AGP.
La feria clandestina comenzó a operar cuando la agenda del Ministerio de Transporte estaba a cargo de Florencio Randazzo. Mórtola se mostró descreído respecto del desconocimiento de otros funcionarios de turno: “Acá había colas de autos y de gente que venía a comprar y a buscar mercadería, y a su vez la mercadería llegaba en móviles oficiales, que pertenecían al Estado”. “No hay manera de que los funcionarios no estuvieran al tanto”, agregó.
Ante el actual panorama del caso, Mórtola dijo:”Gracias a empezar a mover la causa, a ir a tribunales una vez por semana, es que llegamos a esto. Así es que los jueces llegan a esta instancia, sobre todo al desafuero, que es muy importante, y también el juez Rafecas que procesa a este señor Pol”. “Estamos esperando que la feria judicial termine. Esperamos que haya mucha celeridad en esto y que avance rápido para que haya Justicia en esta situación que es nefasta e insólita”, concluyó. Por último, el interventor de la AGP fue categórico con el plan anticorrupción durante su gestión: “lo que sintió todo el personal es el apoyo de la administración para ir adelante con todas las causas y para terminar con las mafias, como debe ser”.
