La renovación del sistema de grúas y parquímetros son iniciativas del Gobierno porteño que están frenados en la Justicia por amparos presentados por opositores, ONGs y vecinos.
En el caso de los subtes, la tarifa no se modifica desde octubre de 2016. En mayo pasado quisieron aumentar de 7,5 a 11 pesos, pero la Justicia lo frenó. El amparo para el fallo judicial fue presentado por legisladores del FIT y el metrodelegado Claudio Dellecarbonara. Previamente, en marzo, el juez Guillermo Shceibler había suspendido la audiencia pública por el incremento del metro por considerar que la difusión había sido “parcial e incompleta, omitiendo la fecha, lugar y horarios”, según recordó Clarín.
La ampliación de estacionamientos, por su parte, también quedó estancado en tribunales porteños. La iniciativa comenzó cuatro años atrás, cuando el actual presidente de la nación lideraba el gobierno porteño. El plan consiste en pasar de dos zonas a cinco, lo que llevaría las plazas tarifadas de cuatro mil a 80 mil, sobre un total de 364 mil disponibles, recordó el diario.
El proyecto tuvo el rechazo de los vecinos que habitan los barrios más alejados del Centro. Un juez anuló la ley que es requisito para que los estacionamientos medidos se extiendan, lo que llamaba a licitar el servicio nuevamente. La Secretaría de Transporte de la Ciudad, a cargo de Juan José Méndez, informó que hace tres semanas se abrieron los sobres de la licitación pero que, por el freno judicial, aún no hubo adjudicaciones, publicó Clarín.
Esta demora produce que el estacionamiento medido siga en manos de dos empresas, SEC y STO, que operan desde 2001 con contratos vencidos y prorrogados. Es un servicio que acumula muchas quejas de los vecinos por la forma en que las grúas se llevan a los autos y porque muchas veces sólo priorizan la recaudación. Además, impide que las tickeadoras se puedan reemplazar por tecnologías más nuevas que permitan pagar con el celular o tarjetas, por ejemplo. Así, hoy la única manera de abonar el parquímetro es con monedas.
El estacionamiento del Parque Las Heras fue uno de los casos más recordados. Su construcción se suspendió en 2010, luego de que organizaciones vecinales se movilizaran para impedirla. Se temía que el proyecto afectara los árboles del lugar y el patrimonio arqueológico, ya que allí funcionó la antigua Penitenciaría Nacional. Cinco años después, la Justicia dio luz verde a la continuidad de los trabajos, pero el plan finalmente quedó en nada.
Obra pública
Los pasos bajo nivel que construyó el Gobierno porteño en distintos puntos de la Ciudad también fueron inicialmente detenidos por órdenes judiciales. Los vecinos habían presentado amparos porque sentían que la tranquilidad de su entorno se había visto afectada por las obras, ya que muchos de los “sapitos” se habían diseñado sobre calles sin barreras.
Entre los pasos bajo nivel cuestionados, uno de los que generaron más polémica es el que se construye en la avenida Balbín, en Saavedra. La obra fue intermitente: era suspendida por amparos vecinales y retomada cuando la Justicia volvía a habilitarla. Los vecinos denunciaban que la estructura afectaría el sistema pluvial de la zona y podía provocar inundaciones. Finalmente los trabajos cobraron buen ritmo y están cerca de completarse. El túnel, que cruzará las vías del Mitre entre Goyeneche y Estomba, tiene fecha de inauguración para este jueves.
