El Gobierno nacional determinó que las provincias sean beneficiarias directas del fideicomiso para el transporte público de pasajeros, a partir del cual se abonan a las empresas prestatarias del servicio los subsidios a la tarifa de los boletos de colectivo.
Lo hizo a través de la resolución 1113/2018 del Ministerio de Transporte publicada hoy en el Boletín Oficial, y que lleva la firma del titular del área, Guillermo Dietrich.
En la misma se estableció que a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año próximo, serán beneficiarias del fideicomiso constituido por los recursos provenientes de la tasa sobre el gasoil y los peajes, las provincias en cuya órbita existan empresas prestatarias de transporte público.
En consecuencia, Transporte indicó que instruirá al Banco Nación para que, en su carácter de fiduciario del fideicomiso, transfiera a una cuenta bancaria abierta en dicha entidad, por los estados provinciales, las acreencias que correspondan ser liquidadas.
Así, la normativa fijó que las provincias serán a partir de ahora las que efectuarán la distribución de las acreencias liquidadas con destino a cada una de las empresas beneficiarias, sean las mismas de tipo provincial o municipal, que se desarrollen en el ámbito territorial de su jurisdicción.
Además, deberán efectuar las transferencias correspondientes en un plazo no mayor de los cinco días inmediatos posteriores al depósito de los fondos referidos en sus respectivas cuentas bancarias.
La misma resolución designó también por el mismo periodo como beneficiarios del fideicomiso a las empresas refinadoras de hidrocarburos que suscriban el Acuerdo de Suministro de Gasoil al Transporte Público de Pasajeros de la Región Metropolitana de Buenos Aires a un Precio Diferencial, con vigencia para el ejercicio anual 2019.
Indicó que esta decisión se tomó al sólo efecto de operativizar la transferencia de las acreencias que surjan de la compensación a los cupos de combustible que les corresponda suministrar a las transportistas, como consecuencia de la aplicación del procedimiento de cálculo y asignación establecido.
