Así lo indica una denuncia publicada por el Diario Perfil, que fue presentada por la Secretaria General del sindicato de Vialidad Nacional, Graciela Aleña. Acusan a Javier Iguacel de favorecer de manera indebida a la firma IECSA, constructora que fue propiedad de la familia Macri, luego de su primo Angelo Calcaterra y hoy se encuentra en manos de Marcelo Mindlin.
El expediente, sorteado este jueves, quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello. La denuncia apunta a los contratos para la construcción de la Autovía Pilar-Pergamino (Ruta Nacional 8) donde se cuestionan los procesos de ajuste de contrato realizados bajo la gestión de Iguacel en la licitación del Tramo II B correspondiente al arroyo de Giles y el puente sobre Arroyo Gómez, que fue en 2013 -bajo la gestión kirchnerista y la propiedad de Calcaterra-, a Iecsa, firma que adoptó tras la compra de Mindlin el nombre Sacde SA.
Según indica el Diario Perfil, el contrato se firmó en 2015 y la obra debía estar finalizada en junio de 2017, con un presupuesto de $ 315 millones y fue adjudicada a la oferta de Iecsa, que incluía un descuento del 15,4%, por 285 millones de pesos.
Asimismo, Graciela Aleñá denunció
“La modificación formal de este último contrato se instrumentó mediante el dictado de la Resolución 781/17 en abril de 2018, es decir, 29 meses después del cambio de gestión”, precisan en el escrito.
Para la dirigente gremial, los cambios sustanciales que se hicieron en este proyecto, a partir de las decisiones de la dirección de Vialidad, entonces a cargo de Iguacel y dependiente del Ministerio de Transporte que dirige Guillermo Dietrich, “requerían un nuevo proceso de licitación, algo que no ocurrió, e implica un quiebre de los principios de legalidad, igualdad y libre concurrencia en perjuicio de los intereses de la administración pública”.
Además de Iguacel, la denuncia apunta contra el ex director de Obras, Juan Manuel Campana, el ingeniero de Vialidad Guillermo Heinke y el titular de Sacde, Marcelo Mindlin, entre otros.
“Por una extensión de camino menor, ahora se debe ejecutar una obra técnicamente distinta a la licitada, permitiéndole de esta manera la integración de nuevos ítems de obra a precios muy superiores a los originalmente pactados, convirtiendo un 120% más caro el contrato”, indica la denuncia. En diálogo con el Diario Perfil, Aleñá confirmó que la próxima semana ratificará la denuncia.
