Luego de las constantes denuncias llevadas adelante por el SINTRAJAP, el gremio que nuclea a los trabajadores de las terminales portuarias de JAPDEVA, el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado decidió intervenir en el conflicto que el puerto estatal tiene con la nueva concesión de APM Terminals en Limón tras meses de hacer oídos sordos a los reclamos de los trabajadores. Mientras tanto, la terminal de Moín sigue con fallas eléctricas que demoran la carga y descarga de containers.
JAPDEVA se encuentra hoy en una crisis agravada por el conflicto a raíz de la entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), controlada por APM, y en virtud de la precaria situación financiera que enfrenta luego de que el gobierno decidió trasladar el 80% de la carga y descarga al puerto privado.
De momento, la única carta que puso el Poder Ejecutivo sobre la mesa está en un proyecto de ley que pretende transformar la entidad con una drástica reducción de la planilla de trabajadores para que se enfile en la incursión de nuevos negocios que garanticen la sostenibilidad.
En ese sentido, la propuesta involucra jubilaciones e incentivos para que alrededor de entre 800 y 900 trabajadores abandonen sus empleos. Durante los próximos días se estará discutiendo el proyecto para determinar su posible aprobación.
Qué le dijo Alvarado a los trabajadores
“Nuestra idea no es dejar o abandonar Japdeva. En absoluto. Para algo, lo que el proyecto procura es garantizar los derechos laborales de los trabajadores de esa institución en este proceso”, prometió el mandatario en diálogo con Antonio Wells, secretario general del SINTRAJAP.
Según Alvarado, el presente se circunscribe en la posibilidad de redirigir el rumbo de la junta de desarrollo que —históricamente- se encargó del desarrollo portuario en el atlántico.
“Hoy lo que tenemos es un presente en esto. Es lo que nos toca liderar. Lo procuramos hacer de la mejor forma. Siempre muy presente esa población (trabajadores) y Limón. Hoy no vemos ese futuro, pero sí lo veo yo”, apuntó.
¿Y la dirigencia de JAPDEVA?
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de JAPDEVA, consideró al igual que el presidente que el texto sustitutivo da “buenas opciones” para que los trabajadores se puedan movilizar y, de esta forma, contribuir a la rebaja en la planilla institucional.
Desde que comenzó a funcionar la TCM (finales de febrero de 2019), Japdeva pasó de registrar ingresos por €3.700 millones en enero a proyectar €700 millones a junio. Es decir, 03.000 millones menos en cuestión de pocos meses. Lo poco que entra obedece al movimiento de carga a mixta y convencional. Lo peor es que los gastos mensuales de la entidad superan los 03.400 millones (€2.500 millones por salarios y el resto en rubros operativos) con déficit de €2.700 millones.
La voz de los trabajadores
Antonio Wells Medina, secretario general del sindicato, explicó que tienen conocimiento de unas 547 personas que cumplirían los requisitos para dejar la institución. Sin embargo, lo harían de la siguiente forma: 270 mediante traslados horizontales y 277 con prejubilaciones.
El punto que más preocupa son los incentivos para abandonar la entidad, pues el dirigente gremial asegura que muchos trabajadores no están contentos con las condiciones ofrecidas.
“En esos 2 rubros (antes señalados) no hay problema porque no se trata de un despido. El asunto al que estamos opuestos es el de los bonos o los incentivos. La gente que gana menos de 1 millón de colones recibirá 8 salarios adicionales y la gente que gana más de 1 millón de colones tendrá 4 salarios adicionales. Estamos en contra de eso, porque es crear desempleo en la provincia que ya, de por sí, está maltratada socialmente” sostuvo Wells.
En relación a la propuesta del presidente Alvarado, Wells aseguró ‘es la primera vez que se crea un proyecto de ley para despedir gente. No estamos de acuerdo con eso. Es seguir fomentando el drama social y económico en Limón”, dijo el dirigente.
ITF: solidaridad internacional
Por su parte, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) manifestó su apoyo a los trabajadores nucleados en SINTRAJAP ante el intento del gobierno de cerrar JAPDEVA en beneficio de la terminal privada controlada por APM y la MAERSK.
“Es el aparato político presidencial el que permite las condiciones operativas y el que debe poner un equilibrio al conflicto social que promete profundizarse”, habían señalado en un comunicado.
