El Frente Aéreo conformado por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) denunció al Gobierno de Javier Milei por intentar alterar el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas.
Así, y en el marco del conflicto salarial que mantienen con la empresa, las organizaciones gremiales sostuvieron en un comunicado difundido por las redes sociales que la actual gestión pretende “alterar el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas, dando mandatos imperativos de cuestionar la legitimidad de la representación en el Directorio”.
Además de amenazar con regulaciones ilegales del derecho a huelga, el ejecutivo nacional intenta desplazar al Director designado por el Programa de Propiedad Participada (PPP), es decir, por accionistas independientes, lo que implica “una intromisión en una participación accionaria ajena y una violación del Estatuto social”. En la misma sintonía, afirmaron que este hecho es “un ataque, directo e ilegal, al derecho de propiedad que deriva de las acciones respectivas”.
En este sentido, remarcaron: “En primer lugar, hay que hacer notar que, a diferencia de las acciones en cabeza del Estado Nacional, consecuencia de la reestatización de la empresa luego de la ruinosa gestión privada, las acciones de los trabajadores son derivadas de un régimen legal específico, la Ley 23.696, la misma a la que acudió este gobierno para las nuevas privatizaciones que impulsa, a través de denominada Ley Bases, aunque en este caso no incluyó a Aerolíneas Argentinas en las privatizables”, detallaron los gremios.
Ley 23.696 y ataque a la legislación laboral
En este contexto, detallaron en el comunicado que la ley 23.696 establece todo un régimen especial de participación de los trabajadores del ente a privatizar, dando una específica autonomía a las acciones que se adjudicaron en tal carácter estableciendo que ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias podrán integrar el PPP; indicando que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar; determinando la inclusión de convenios de Sindicación de Acciones que establecen la obligación para todos los adquirentes de gestionar colectivamente el conjunto de acciones sindicadas y adoptar por mayoría de acciones sindicadas las posiciones a sostener en las Asambleas de la sociedad, con fuerza vinculante para todos.
Por esta razón, el intento del gobierno de alterar el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas es un claro ejemplo de su “falta de respeto por la legislación laboral y los derechos de los trabajadores”, señalaron. “La representación del PPP en el Directorio es legítima y necesaria para garantizar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa”, agregaron.
“El intento del gobierno es aún más grave en tanto, por un lado da cuenta que no tiene límites al momento de interferir en la actividad gremial de los trabajadores de la empresa, lesionando la autonomía sindical y los derechos colectivos, y a la vez los derechos de los accionistas de la PPP, sino que da cuenta de la falta de escrúpulos para intervenir en una sociedad anónima, con reglas propias, por fuera de las que el gobierno pretenda imponer, con ciertos riesgos añadidos”, finalizaron desde el frente aéreo.
