El panorama para Flybondi se complica. Tras un fin de semana en el que canceló más de 70 vuelos y en medio de cifras alarmantes de impuntualidad y reprogramaciones, la Secretaría de Transporte intimó a la empresa a presentar un plan correctivo en un plazo de 48 horas para mejorar sus servicios.
En los últimos meses, Flybondi ha liderado los rankings de cancelaciones y demoras en el país. Solo en noviembre, la compañía canceló 384 vuelos de un total de 1991 operaciones y reprogramó más de 700, lo que afectó a miles de pasajeros. Según un informe de la consultora Adventus, la puntualidad de la aerolínea promedió un 54% en los últimos cuatro meses, muy por debajo de los estándares de competidores como Aerolíneas Argentinas, que superaron el 80%.
A esto se suma una política de devoluciones poco ágil, que obliga a los pasajeros a esperar la devolución de su dinero tras una cancelación, mientras deben afrontar el costo inmediato de nuevos pasajes. Esta situación genera malestar tanto en usuarios individuales como en empresas del sector turístico.
Así, la Secretaría de Transporte dejó en claro que si Flybondi no presenta un plan que contemple una reducción drástica de cancelaciones y medidas de contingencia para proteger los derechos de los pasajeros, la compañía enfrentará multas económicas y posibles sanciones más severas, como la revisión de su licencia operativa.
Entre las exigencias, se destaca la necesidad de ajustar las solicitudes de vuelos a la capacidad operativa real de la aerolínea, para evitar promesas de servicio que no puede cumplir.
El ultimátum a Flybondi llega en un contexto de desregulación del mercado aerocomercial impulsado por el gobierno de Javier Milei, que recientemente habilitó nuevas rutas internacionales para aerolíneas low cost como Sky Airline y JetSmart. Esta política busca fomentar la competencia, pero casos como el de Flybondi revelan las limitaciones de una autorregulación sin controles efectivos.
