El Gobierno Nacional declaró nula la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná y ordenó una investigación sobre la única empresa que presentó una oferta, la belga DEME. Según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, se presentarán denuncias ante la Comisión de Defensa de la Competencia y en sede judicial para determinar si hubo asociación ilícita en el proceso.
Adorni explicó que DEME llevó adelante diversas denuncias por presuntas irregularidades en la licitación y luego desistió de sus reclamos poco antes de presentarse como único oferente. Además, destacó que la Hidrovía es una de las principales vías de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de los bienes exportados, por lo que resulta clave garantizar un proceso de adjudicación con estándares internacionales y competencia real.
El vocero recordó que el Ejecutivo había establecido como condición la cancelación del proceso en caso de que solo hubiera un oferente. También señaló que, si bien 11 empresas se inscribieron en la licitación y realizaron consultas sobre el proceso, ninguna presentó oferta salvo DEME. Ante esta situación, el Gobierno ordenó investigar si la compañía belga ejerció presiones sobre otros posibles competidores o si existió una maniobra para frustrar la licitación en perjuicio del Estado y de los productores argentinos.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, defendió la transparencia del procedimiento y afirmó que “un grupo de actores buscó vaciar la licitación para frustrarla y perjudicar a los productores”. También mencionó que, a lo largo del proceso, el Gobierno recibió acusaciones de presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, la actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó una propuesta.
El proceso había sido lanzado en noviembre de 2023 con un esquema de concesión privada a riesgo empresario, excluyendo la participación estatal en la gestión y mantenimiento. Entre las mejoras previstas se incluían la instalación de radares, sistemas de seguimiento satelital de buques, nuevas medidas de señalización y mecanismos de control contra el narcotráfico y el terrorismo.
El Gobierno ahora deberá definir los próximos pasos para garantizar la operación de la Hidrovía y resolver el futuro de la concesión, mientras avanza con las investigaciones sobre el proceso licitatorio anulado.
