La unidad obrera del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros junto a Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) emitieron un duro comunicado rechazaron el Mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei por “inconstitucional e ilegítimo”. Así, marcharán el próximo miércoles 27 de diciembre a Tribunales junto a todo el movimiento obrero y van a exigir al Confederación General del Trabajo (CGT) un paro nacional.
El escrito remarca que la norma “deroga o modifica anti democráticamente más de 300 leyes, afectando los pilares del estado de derecho, introduciendo de facto una reforma laboral que ataca los derechos fundamentales de la clase trabajadora argentina, entre ellos el de huelga”.
En ese sentido, el secretario General de SOEA, Daniel Succi, remarcó: “No vamos a sentarnos con Milei a preguntarle qué hizo, vamos a marchar para mostrar el descontento de la clase obrera en una gran movilización. Los que peinamos canas sabemos de qué se trata esto, están jugando con el hambre del pueblo”.
En la misma línea, el secretario gremial de SOEA, Martín Morales sostuvo que “si las centrales no toman las decisiones que deben tomar, seremos los punteros en tomar las decisión y pararemos todos los puertos del país. Todos conocen el significado del parate de todos los puertos de la Nación, y empujaremos al resto para tomar el camino por donde hay que ir. Esto no lo podemos dejar pasar”.
El comunicado conjunto argumenta que la decisión del gobierno “viola el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional que consagra la protección de las y los trabajadores, los Tratados de Derechos Humanos de rango constitucional y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), haciendo incurrir en responsabilidad internacional al Estado Argentino”.
En el decreto se reglamenta, limita y criminaliza el ejercicio del derecho constitucional de huelga, violando la libertad sindical e incluso incluyendo acciones vinculadas a su ejercicio como causal de despido. Se afecta la forma de llevar adelante asambleas, los derechos patrimoniales de los sindicatos y la ultractividad en la negociación colectiva.
“Para nosotros no es un problema, somos una organización muy grande y de muchos años, ni siquiera el protocolo anti piquetes es un problema para nosotros. Si convocamos a parar, todos los trabajadores se quedan en sus casas”, sostienen los aceiteros.
“Todas sus disposiciones favorecen a los empresarios, ninguna a los trabajadores y trabajadoras. Es una refundación de la relación capital trabajo hecha por los estudios jurídicos patronales a medida de la coalición que hoy detenta el poder en nuestro país, una alianza entre los grupos económicos locales, financieros, funcionarios del ex gobierno de Macri y el presidente Milei”.
