El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy la eliminación de “la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, conocida como LINTI, o registro Moyano”, al tiempo que indicó nuevos plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV). “En el marco de la Secretaría de Transporte y las licencias de conducir, se han modificado algunos trámites” y, a partir de ahora, “serán las jurisdicciones las encargadas de entregar las licencias profesionales, conocidas como CDyE”, explicó el funcionario.
En esta línea, agregó que actualmente “para los conductores que trasladan pasajeros obtenerla cuesta en torno a los $ 500 mil, renovarlas $ 250 mil, esto se termina”. Además, informó que a los cursos teórico- prácticos y los exámenes de aptitud psicofísica los van a poder brindar prestadores públicos y privados registrados en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que “ante el cambio de domicilio del DNI no van a perder la licencia”.
En este marco, el Vocero también anuncio los cambios de plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV): “En los 0 KM se va exigir recién a partir del año 5, desde la fecha de patentamiento, y a los dos años si no es vehículo particular. En los vehículos de más de 10 años de antigüedad, la renovación se va a hacer cada dos años en particulares“.
Asimismo, convocó a que “las jurisdicciones que hoy no están adheridas a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se sumen a esta extensión en los plazos de la VTV”, e indicó que estas revisiones “ya no se van a tener que realizar obligatoriamente en los talleres monopolio del Estado, sino que lo van a poder hacer en cualquier taller o cualquier concesionario habilitado”.
“También se va a facilitar la importación de vehículos en serie. Hasta ahora, ya no requerían licencia de configuración de modelo (LCM), ni la licencia de configuración ambiental (LSA), si cuentan con certificados reconocidos internacionalmente”, agregó Adorni.
Además, sostuvo que “se va a liberar la importación de autopartes, por lo que ya no deberán contar con el certificado de homologación de autopartes de seguridad, conocida como CHAS, antes requerido. Ninguno de estos cambios afecta, por supuesto, a la seguridad”.
Por otra parte, el Vocero explicó que el Gobierno nacional derogó el artículo 13 de la Ley de Obra Pública, que establecía un Registro Nacional de constructores, un sistema que se había creado durante la primera presidencia del General Perón, que “limitaba la competencia, aumentaba costos y generaba un particular sistema de división de obra pública, denominado capacidad constructiva, que asignaba topes de construcción a cada empresa. Todas estas cuestiones apuntan a terminar definitivamente y pulverizar el modelo que durante décadas existió en Argentina de la Patria contratista”, concluyó.
