La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (A.O.I.T.A), que conduce Emiliano Gramajo, emitió un comunicado el día de hoy manifestando su rechazo a la decisión de la cámara empresaria Fetap de no recibir el Boleto Educativo Gratuito (BEG) en el transporte público, afirmando que esta medida “deja a los conductores del servicio interurbano como rehenes en una disputa entre las prestatarias y el Gobierno provincial”.
Desde el gremio argumentaron que la situación se produce en el marco del tramo final de la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaria de Trabajo de la Nación, ante la ausencia de una propuesta salarial que permita recuperar algo del poder adquisitivo perdido en los últimos tiempos.
“Los empresarios y el Gobierno de Córdoba se van a tirar la pelota entre ellos, pero los que estamos en los ómnibus somos nosotros. ¿Nos quieren obligar a dejar usuarios sin viajar? Espero que no sean tan irresponsables”, afirmó Emiliano Gramajo, secretario general de A.O.I.T.A.
“Todo esto en un contexto de profunda crisis social en la que los usuarios tienen que pagar una tarifa que lleva una suba acumulada dispuesta por el Gobierno provincial del 359% en lo que va del año, por una prestación que brindan las empresas que cada vez es más precaria”, agregó Gramajo.
Por su parte, el secretario gremial, Claudio Luna, alertó: “Nos exponen a situaciones indeseadas, en la que nosotros tenemos que seguir poniendo la cara. Encima, en el marco de una paritaria que lleva meses sin que se haya presentado ni una propuesta por parte de las empresas, y cuya conciliación obligatoria vence el próximo martes, sin posibilidad de renovarse”.
Además, desde el gremio expresaron el rechazo a las afirmaciones vertidas por funcionarios provinciales en La Voz en las que dicen que las empresas deben suspender trabajadores para demostrar la crisis. “No sobran trabajadores, faltan ómnibus y frecuencias para mejorar el servicio a los usuarios”, remarcó Luna.
Por último, el comunicado concluye con un llamado por parte de A.O.I.T.A al gobernador Martín Llaryora y al sector empresario “para que eviten una situación que será conflictiva con los beneficiarios afectados, que vuelven a ser los que padecen junto a nuestros representados las decisiones improvisadas que se toman sobre el sistema”.
