El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, se encontraron ayer en Buenos Aires para ultimar los detalles de la implementación de la tarjeta Sube en el transporte urbano de la ciudad de Córdoba.
La reunión, realizada en la Secretaría de Transporte de la Nación, permitió avanzar en la instalación de la tecnología para el funcionamiento del sistema, que podría comenzar a operar en la semana del 17 de marzo.
Desde la Municipalidad destacaron que ya se instalaron 430 validadoras en los colectivos y cinco puntos de asesoramiento en Centros de Participación Comunal (CPC). “Fue muy buena la reunión para seguir avanzando y acelerando la instalación de toda la tecnología de Sube en Córdoba. También se están realizando capacitaciones al personal que va a atender a los usuarios”, explicó Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno de la Municipalidad.
En la empresa Coniferal se instalaron 293 validadoras, mientras que en Tamse ya funcionan 137. En los próximos días se completará la colocación del equipamiento en el resto de las unidades de transporte urbano.
Además de las validadoras en las unidades de transporte, la Municipalidad informó que ya se instalaron Terminales Automáticas Sube (TAS) en siete CPC: Capdevila, Rancagua, Centro América, Guiñazú, Monseñor Pablo Cabrera, Mercado y Mercantil.
En estos puntos, los usuarios podrán consultar y acreditar su saldo, así como activar los atributos sociales si corresponden. También se están instalando Unidades de Gestión Sube (UGS), donde personal municipal asistirá a los pasajeros en el registro de la tarjeta y la gestión de sus beneficios. Durante la semana se espera completar la instalación en el resto de los CPC de la ciudad.
Por último, cabe destacar que la llegada de la tarjeta Sube al transporte urbano de Córdoba representará un cambio significativo en la administración de los subsidios y en la operatoria del sistema de pago de boletos. A partir de su implementación, el Estado municipal y el Gobierno provincial accederán a nuevos fondos provenientes de los atributos sociales (ATS), lo que implicará un ahorro de al menos $1.400 millones para las arcas públicas.
