La situación de la terminal portuaria de Limón controlada por la empresa holandesa APM Terminals se complicó luego de que los trabajadores de los puertos estatales de JAPDEVA, nucleados en el sindicato SINTRAJAP que conduce Antonio Wells, denuncien las consecuencias del “monopolio” de la nueva terminal para el comercio en Costa Rica en la Asamblea Legislativa del país caribeño. Los productores de frutas también se quejan de “sobrecostos” y la “pérdida de competitividad” derivada de verse forzados a exportar por APM.
Al respecto Wells explicó ayer en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que “el problema no es económico, es político. Lo que hay que decidir en Limón es si mandan los capitales o las sociedades” y agregó “JAPDEVA no está quebrada, la están quebrando las malas decisiones de la actual administración política. Estamos denunciando una situación de monopolio y de incapacidad de los puertos estatales de hacer frente a sus costos si el 80% de la carga hoy es derivada a APM”.
Wells también indicó que JAPDEVA lleva 56 años atendiendo la carga y descarga de exportaciones e importaciones en Limón de manera eficiente y que “lo máximo que puede cobrar JAPDEVA es US$ 117 por movimiento de container, mientras que APM cobra de base US$ 250 y tiene un catálogo de servicios que encarecen aún más los costos”.
“Lo que hace APM es mover las cargas de JAPDEVA a costos más altos y de manera más ineficiente. Ya hubo cámaras exportadoras manifestándose en contra y un gobierno complaciente que atenta contra todo un pueblo al favorecer intereses que no son los de los costarricenses”, sostuvo Wells durante su alocución.
Los empresarios en contra
El conflicto que vive el comercio exterior de Costa Rica escaló al punto que ya son 17 las cámaras empresariales que cuestionaron la exportación de sus productos por la terminal de APM y pidieron que el gobierno rescinda y renegocie el contrato con la compañía holandesa.
Se trata del sector productivo y exportador costarricense, representado en 17 cámaras empresariales y con excepción de Uccaep, quienes remitieron una carta al presidente Carlos Alvarado donde le solicitan renegociar el contrato con APM terminals
“Hay varios puntos pero fundamentalmente es el tema de tarifas que le restan competitividad al sector, ya tenemos problemas con el comportamiento del tipo de cambio y a eso hay que sumar el incremento en estos costos” dijo Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
También se refirió a la situación Alfredo Volio, de la Cámara de Productores de Piña, “estamos firmando muchas cámaras en representación de muchos sectores”, agregó.
Voces de la política
El diputado David Gourzong expresó su rechazo a APM y cuestionó duramente al Ministerio de Obras Públicas y Transporte “el 80% de la carga del país se maneja por los puertos de Limón y JAPDEVA ha sido una institución insignia; yo no recuerdo que con su operación quedaran atascados los barcos o bloqueadas las rutas porque no había capacidad de atender las exportaciones e importaciones nacionales”.
“Es falsa la afirmación del viceministro de Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quien dijo que JAPDEVA no tiene la capacidad para atender buques; al contrario, ha sido la institución que ha sostenido el comercio internacional de Costa Rica durante los últimos 56 años”.
Finalmente, el diputado concluyó “el viceministro de da indicaciones señalando las características de los barcos que deben dirigirse a la nueva terminal de APM, pero no cumple con la ley orgánica ni el contrato de concesión y traslada el 80% de la carga a los puertos privados. En el equilibro financiero, JAPDEVA se queda sin poder hacer frente a estos costos”.
Apoyo internacional
La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), presente en 154 países, con 756 sindicatos y 20 millones de miembros, sigue el conflicto de cerca y ya ha hecho público su apoyo a los trabajadores nucleados en el SINTRAJAP. Para la central internacional “es el aparato político presidencial el que permite las condiciones operativas y el que debe poner un equilibrio al conflicto social que promete profundizarse”.
