Por Guillermo A. Cochez
No todo en el canal ha estado bien y muchos panameños así lo percibimos. Desde la integración clasista de su junta directiva.
Al asumir la responsabilidad de asesorar jurídicamente a la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) un amigo dijo que yo siempre atacaba los intereses del Canal de Panamá. Para algunos cuestionar la administración del Canal es anti-panameño, lo cual no comparto porque el canal es de todos y no del grupito que pareciera haberse apropiado de él.
No es la primera vez que me inmiscuyo en los problemas del Canal. Durante mi último periodo en la Asamblea Legislativa (90-94) luché hombro con hombro en la redacción del Título Constitucional que agregó al texto de la Carta Magna principios que logró alejar de la contienda política los asuntos del Canal (al menos eso creímos). Dimos todo nuestro esfuerzo para logar que esas normas protegieran la autonomía administrativa y financiera del Canal de Panamá. Igualmente apoyamos decididamente el referéndum de octubre de 2006 que permitió el canal ampliado, que estuvo en contra el Panameñismo y su presidente Juan Carlos Varela.
No todo en el canal ha estado bien y muchos panameños así lo percibimos. Desde la integración clasista de su junta directiva, sin representación de sectores sindicales y la sociedad civil, hasta decisiones que, como la concesión del puerto de Corozal, rayaban en el capricho de unos cuantos, para beneficiar a los mismos de siempre, inclusive miembros de la directiva del Canal. Igual ha ocurrido con el puerto de Rodman, plagado de irregularidades e ilegalidades desde el gobierno de Martín Torrijos hasta la fecha, que ha motivado que ya el Ministerio Público, luego de la querella interpuesta por mi socio Víctor Martínez y mi persona, investigue posibles actuaciones criminales alrededor de dicha concesión.
El 12 de abril pasado, los capitanes de los remolcadores que desplazan los buques en el canal ampliado, fueron notificados verbalmente (por una secretaria) que, desde ese día, las importantes naves (allí los barcos no se mueven mecánicamente por mulas como en el canal original), llevarían dos marineros, en lugar de los tres asignados a cada remolcador desde el inicio de la operación del canal ampliado hacía casi dos años. Preocupados por esa intempestiva información dada por una secretaria, los capitanes llamaron a sus respectivos supervisores y ninguno aparecía. Se escondieron. Así se pasaron más de 14 horas y nada. En todo trabajo, es obligatorio justificar y por escrito el cambio de las condiciones de trabajo. En una empresa supuestamente ordenada e institucional como la ACP, es lo que siempre ha imperado.
¿De quién es el Canal? ¿Será de Panamá? – vía @EstrellaOnline https://t.co/iu5IZZhQLu por Guillermo Cochez
— Guillermo A. Cochez (@willycochez) 10 de julio de 2018
De inmediato se desató una campaña mediática de la ACP, aparentemente coordinada por la firma reputacional Stratego, en contra de los que supuestamente estaban paralizando el canal ilegalmente. En ese bombardeo propagandístico, adujeron que no era cierto que los capitanes no habían sido notificados. Se comprobó posteriormente que nunca se hizo esa notificación; no apareció por ningún lado. Nadie se responsabilizó por la orden transmitida por aquella secretaria, que disminuyó un marino en cada tránsito de remolcador. Para los capitanes este asunto es de extrema seguridad porque, estando aislados en la bóveda de una esclusa, requieren del personal adecuado para cualquier emergencia, inclusive para salvaguardar su propia vida.
A pesar de que con el canal ampliado las condiciones de trabajo de los capitanes de remolcadores han cambiado sustancialmente, la ACP se ha negado a discutir nuevas condiciones laborales. Peor aún, a partir del 1 de julio, la tripulación de 7, en cada nave, fue reducida a 4, en base a recomendación de consultora en cuyo estudio no participaron los afectados. Esto significa que eliminan uno de los dos capitanes que estaban en el remolcador, lo equivalente a que COPA, por ahorrar en personal, decida eliminar el puesto de copiloto. Tan sencillo como eso.
Posiblemente lo que se persigue es cansar a los capitanes para que se imponga el no tan secreto propósito de privatizar el negocio de remolcadores para otorgarlo a empresa extranjera supuestamente vinculada a la firma de abogados relacionada con el administrador Quijano. O será, ¿qué la situación financiera de la ACP no está tan buena y requiere de reducción de personal?
Los capitanes lo que persiguen es que se le respeten sus condiciones de trabajo y se les escuche, inclusive para poder hacer recomendaciones a la administración de la ACP para mejorar la eficiencia del canal ampliado. Pero Quijano se niega a oírlos. Todo parece uno de sus típicos caprichos.
El Canal no es del Administrador, próximo a jubilarse. No es de Varela quien, no satisfecho con tener a un ministro del Canal en la directiva en su representación, nombró además a Francisco Sierra, su ministro consejero, también como directivo. Ahora tendrá que nombrar a 4 ó 5 nuevos miembros de la directiva: debemos estar todos pendientes de que nombren a representantes sindicales y de la sociedad civil y no más socios, amigos y copartidarios. Otra responsabilidad para los diputados.
¿Preocuparme por esas patrióticas menudencias? ¿Será que estoy en contra de los intereses del Canal o, más bien, atento para impedir que unos cuantos se sigan repartiendo el Canal? El Canal debe ser de Panamá; no de más nadie.
Nota publicada por La Estrella de Panamá
