De acuerdo con la iniciativa, las empresas petroleras deberán desprenderse de las estaciones de servicio propias para "evitar el control absoluto del mercado".
"El objetivo central es preservar las fuentes de trabajo y establecer una planificación estratégica desde la exploración hasta la comercialización", explicó el diputado Carlos Acuña, autor de la iniciativa que fue girada al Senado.
Detalló que "hemos perdido unas 2.600 estaciones de servicio y si hacemos un promedio de 10 trabajadores, fueron 26 mil los que se quedaron sin trabajo".
El proyecto prohíbe a las petroleras fijar el precio del combustible así como sugerir los de venta al público; y las obliga a igualar el precio de venta a las estaciones de servicio de toda la provincia.
También establece que no se podrá realizar la venta directa a empresas de transporte, industrias y establecimientos agropecuarios.
