Los gremios que forman el Frente Sindical de Acción Climática enviaron una nota a los titulares de bloques de la Cámara de Diputados manifestando su rechazo a la Ley Ómnibus. “Le ha costado mucho a los ciudadanos lograr una regulación ambiental de avanzada con el consenso de Diputados y Senadores, que le da seguridad jurídica a nuestro país, protege los recursos naturales y por ende a los trabajadores y las trabajadoras”, aseguró Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.
De acuerdo a la información difundida en la web del Centro de Patrones, el rechazo es a la reforma de la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922) y la derogación de la Ley N° 27.424 “Régimen de Fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica” y de la Ley 25.626 “que impide el ingreso de neumáticos reusados y recauchutados, y en su lugar, permitirá el ingreso de residuos de neumáticos a nuestro país”, según informaron. “Más allá de ser inconstitucional, es contraria al principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566) ratificado por Argentina que establece que las nuevas leyes no pueden rebajar lo establecido en la normativa vigente que sería el resultado del poryecto impulsado por el Poder Ejecutivo”, informaron sobre la iniciativa del Gobierno.
Además, Sol Klas, Secretaria Nacional del Frente y de ambiente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), afirmó que “el resultado del DNU y del proyecto de Sturzenegger implica un retroceso de 29 años en materia ambiental que va a contramano del mundo”. Y agregó que “tampoco brindará la seguridad jurídica que se busca y que es fundamental para que Argentina sea atractiva para las inversiones. La modificación y derogación de estas leyes como pretende el Presidente Milei, es una muestra concreta de inestabilidad jurídica para las inversiones y el desarrollo, particularmente en lo que se refiere a la protección de los recursos naturales y el ambiente cuya derogación es considerada ilegal e inconstitucional”.
En la nota enviada, los firmantes expresaron su “profunda preocupación” por estas reformas, debido a que representan “serios retrocesos en la legislación ambiental, de igual intensidad a los que nuestra central planteara en material de derechos laborales y sociales”. Así, expresaron por ejemplo que la derogación de la Ley de Tierras “se traduce en pérdida de soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua; el desplazamiento de poblaciones vulnerables, campesinas e indígenas, que podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio; la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial; el corrimiento de la explotación hidrocarburífera y atenta contra los bosques nativos y humedales e incentiva su destrucción”.
Por otro lado, que la modificación de la Ley de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica “deja al Estado sin mecanismos disponibles para ser utilizados para acelerar el ingreso de renovables”, mientras que el cambio a la Ley de Control de Actividades de Quema “permitiría realizar quemas para el desarrollo de infraestructura, plantaciones, cultivos no comerciales, entre otros, sin control ni autorización previa”. Sobre la Ley de Bosques Nativos, aseveraron que “ha sido fundamental para visibilizar la problemática de pérdida de bosques, pero las propuestas actuales podrían desmantelar los avances logrados” y que “la eliminación de requisitos EIA y participación ciudadana para bosques categorizados en verde facilitaría desmontes sin considerar consecuencias sociales y ambientales”. Finalmente, que la Ley de Glaciares “prohíbe la actividad minera y petrolera en zonas periglaciares. Este proyecto de ley ómnibus, elimina esa prohibición, con lo cual, no garantiza la protección de un ambiente complejo, que es resguardo de agua dulce y al que ya el calentamiento global puso en jaque”.
Así, concluyeron que “el proyecto de ley debe ser examinado desde una perspectiva más amplia, considerando los principios de la OIT, el respeto a los acuerdos internacionales, la equidad, la biodiversidad y la participación ciudadana para garantizar un enfoque integral y sostenible hacia la legislación ambiental y laboral en Argentina”.
La nota fue dirigida a Martín Menem (Presidente de la Cámara), Germán Martínez (Unión por la Patria), Oscar Zago (La Libertad Avanza), Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo De Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Pamela Calletti (Innovación Federal), Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Carolina Píparo (Buenos Aires Libre), José Luis Espert (Avanza Libertad), Paula Omodeo (CREO) y Álvaro Martínez (La Unión Mendocina). Puede leerse completa en la web del Centro de Patrones.
