El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en la Ley de Tránsito con el objetivo de simplificar trámites, reducir costos y modernizar el sistema de transporte en el país. A través del Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial, se establecen cambios clave en la emisión de licencias de conducir, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la gestión de peajes en rutas nacionales.
Uno de los cambios más significativos es la implementación de la licencia de conducir digital, que será válida en todo el país y estará disponible a través de la aplicación Mi Argentina. La credencial física pasará a ser opcional y la renovación podrá realizarse de manera remota, siempre que se presente un certificado de aptitud psicofísica emitido por profesionales registrados en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Además, quienes obtengan la licencia por primera vez ya no tendrán que renovarla al año, y quienes cambien de jurisdicción no necesitarán tramitar un nuevo carnet. En cuanto a los plazos de renovación, los conductores de entre 17 y 65 años deberán actualizar su licencia cada cinco años, mientras que los mayores de 65 lo harán cada tres años. Para quienes superen los 70, la renovación será anual.
El decreto también modifica la Verificación Técnica Vehicular (VTV), permitiendo que se realice en concesionarias y talleres de cualquier jurisdicción, siempre que cumplan con los requisitos técnicos exigidos. Los plazos para la primera revisión también se amplían: los autos 0 km tendrán que realizarla recién a los cinco años, los vehículos de hasta 10 años de antigüedad deberán hacerla cada dos años, y los de más de 10 años, anualmente.
Otra medida relevante es la implementación gradual de peajes inteligentes en rutas nacionales. Se busca que para 2026, al menos el 50% de los peajes operen bajo el sistema de cobro automático “free flow”, eliminando la necesidad de detenerse para pagar. La meta es que para junio de 2027 todas las rutas nacionales operen exclusivamente con este sistema.
Las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo buscan actualizar una normativa vigente desde 1995, adaptándola a las nuevas tecnologías y a la necesidad de reducir la burocracia. Con estas medidas, el Gobierno apunta a una mayor digitalización y automatización en los trámites de tránsito, con beneficios tanto para los conductores particulares como para el transporte de carga y pasajeros.
