El ingeniero Juan Carlos Garrone, en representación de la empresa IECSA, presentó al Gobierno paraguayo una propuesta de hidrovía junto con el diseño técnico, regulatorio y contractual que implicaría una inversión inicial superior a los 540 millones de dólares., según publicó el diario local ABC.
La inversión estará destinada a “la adecuación de profundidades y anchos, la señalización y el mantenimiento de la vía de navegación fluvial dentro de la jurisdicción exclusiva de la República del Paraguay desde el río Apa hasta Asunción (557 km) y la jurisdicción compartida en aguas binacionales (río Paraguay) entre la República del Paraguay y la República Argentina desde Asunción hasta su confluencia (392 km)”. Además cubrirán anualmente los costos que demande el mantenimiento de la navegabilidad de ambos cauces hídricos.
El documento fue entregado al jefe del Gabinete Civil, Juan Carlos López Moreira, y a la Secretaría Técnica de Planificación, en el marco de la Ley 5012 de Alianza Público-Privada. IECSA es una empresa argentina especializada en infraestructura con presencia en toda Latinoamérica y es la primera en presentar formalmente un plan de inversión en el marco de la Alianza Público-Privada.
Los inversores piden una concesión por 30 años y proponen la creación de una empresa privada, con participación estatal y firmas nacionales, para administrar la concesión. Todo esto será financiado “con el cobro de una tarifa de peaje a los usuarios (sin subsidio estatal) que permita un proceso de mejora continua (en distintas fases y tramos) en las condiciones de navegación con el objetivo de conseguir una reducción de los costes de transporte y la minimización de riesgos en la vía navegable”.
Los empresarios aseguran que la hidrovía reducirá los costos de transporte, logrando productos regionales más competitivos en el mercado mundial, mejorar el comercio en el Mercosur, aumentar los ingresos y promover el desarrollo.
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 5012, ahora que la propuesta fue presentada, el Ministerio de Obras Públicas y la Unidad de Proyectos de Inversión Público-Privada de la Secretaría Técnica de Planificación tienen un plazo de sesenta días para evaluar la propuesta. Si dictaminan a favor, deberá ser declarada de interés y puesta a consideración del Poder Ejecutivo. Además, en el marco de la Alianza Público-Privada, constituirán un fideicomiso a favor del Estado.
