Los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años hacia 2040, anunciaron días atrás desde el gobierno. Al anuncio algunos actores lo ven de política electoral y que solo algunos empresarios se beneficiarían.
Así el plazo podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% de la nave, mientras que aquellos buques que sean construidos en astilleros nacionales obtendrán una mejora del 10% en la capacidad de pesca, destacaron desde la cartera de agroindustria que comanda el ruralista Luis Etchevehere.
En el marco de la mesa sectorial de Pesca e Industria Naval, el presidente Mauricio Macri anunció en Casa Rosada la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el esquema para promover la renovación de la flota de buques con permiso de pesca vigentes.
En el anuncio participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere; funcionarios provinciales, y representantes de cámaras, gremios y empresas del sector.
Para Etchevehere el DNU solo trae buenas noticias
Según la nueva normativa, cumplido un plazo de 20 años, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años.
De todos modos, la antigüedad podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% del buque en astilleros nacionales o se fija como destino de captura de calamar.
Al respecto, Etchevehere puntualizó que “esta importante medida posicionará aún más a la actividad pesquera al mejorar la seguridad en las embarcaciones con una flota renovada que permitirá aumentar nuestra productividad“.
Desconfianza por la efectividad del DNU
Desde la Mesa Sectorial algunos dejaron trascender su escepticismo sobre la efectividad del DNU que impulsa la renovación para la flota pesquera que recién entraría en vigencia en el 2040. “Resulta una maniobra del propio estado para crear un espejismo de regulación hacia la seguridad del buque para con la tripulación y al mismo tiempo resulta un guiño para las empresas asegurándoles una no intervención efectiva por lo menos por los próximos 21 años”, aseguró una calificada fuente gremial.
Dirigentes gremiales vinculados a los astilleros siguieron la misma línea. “Así mismo no solo resulta una broma a las condiciones de seguridad de dichos buques, ni la mejora en la capacidad de pesca, sino que también resulta una burla hablar de `potenciar el sector de la construcción local con la generación de empleo en la industria naval’ por la posible extensión del plazo de renovación a 60 años si la nave se reconstruye en un 60%, es sabido que este modelo pretende precarizar aún más los astilleros nacionales y la industria misma”
Resumiendo, gremialistas portuarios y embarcados no dejan de repetir por lo bajo que en este DNU solo puede interpretarse como una seguridad del gobierno hacia las empresas de no regular la actividad por lo menos por 20 años más. “Además entendemos que cualquier medida bien intencionada para cualquier sector buscando el equilibrio y el desarrollo efectivo del sector tomando en cuenta todas las necesidades de los actuantes no puede darse por un DNU, sino por una ley escuchando todas las partes, debatida, estudiada y consensuada en la esfera del congreso de la nación”, argumentaron.
Las nuevas reglas que impone el anuncio
La medida permitiría desarrollar la cadena de valor del sector al potenciar la construcción local, con una mejora de la eficiencia y seguridad del sector pesquero y con la generación de empleo en la industria naval nacional.
El sector pesquero exporta más del 90% de lo que produce; en 2018 se realizaron ventas a mercados internacionales por 2.000 millones de dólares.
La medida además prevé incentivos para que los barcos en reemplazo de los de mayor antigüedad sean construidos en astilleros nacionales, mediante una mejora del 10% en la capacidad de pesca.
Aquellos buques de hasta 27 metros de eslora podrán recibir hasta un 10% adicional de especies excedentarias, con excepción de langostinos, en sus autorizaciones de captura.
Los propietarios de buques con permisos de pesca vigente podrán ofrecerlos como garantía, complementaria a la hipoteca naval, junto a la autorización de captura y la cuota individual de captura.
