La Audiencia Nacional decidió proceder contra Díaz Ferrán y Pascual por un delito fiscal de 99 millones de euros tras la privatización de Aerolíneas Argentinas por parte del Estado español en 2001, aunque no apreció malversación de fondos públicos, falsificación, estafa procesal ni fraude. De esta manera, exoneró de cualquier actuación delictiva a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ex propietaria de la compañía aérea de bandera argentina.
Además dejó sin efecto la imputación de tres de los directivos que intervinieron en la venta en 2001 de la aerolínea a Air Comet, en manos de Pascual y Díaz Ferrán, quien hasta hace dos años también fue presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y uno de los hombres más influyentes en el mundo corporativo español.
Pero, sin embargo, apreció un delito fiscal y en ese sentido, la Fiscalía solicitó prisión de dos años y cuatro meses para los ex dueños de Marsans, Díaz Ferrán y Pascual, así como para el ex presidente de Air Comet, Antonio Mata.
La Audiencia también desestimó los recursos presentados por Mata, en el que pedía la prescripción del delito, y de Aerolíneas Argentinas, que solicitaba el mantenimiento de las imputaciones por los delitos de malversación, fraude y falsedad.
