El plenario de secretarios generales de las seccionales de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) defendió hoy “las políticas de Estado” y convocó a la sociedad a “votar el 22 de octubre próximo en defensa propia”.
Los dirigentes clausuraron el plenario en la sede gremial del porteño barrio de Palermo y aseguraron que varios sectores “desvalorizan a los organismos nacionales públicos de ciencia y tecnología como justificación de las drásticas reducciones presupuestarias”.
“Esos sectores procuran minimizar o hacer directamente desaparecer el sistema público de investigación, extensión y transferencia, desligando al INTA del territorio y su compromiso con el desarrollo regional”, dijo el titular de la organización, Mario Romero.
Para el dirigente, tener 15 centros regionales, 53 estaciones experimentales, 6 centros de investigación, 22 institutos de investigación y 379 agencias de extensión rural que cubren la amplia extensión territorial permite tener “un enfoque federal y administrar de forma eficiente y eficaz un patrimonio que la sociedad delega para cumplir los objetivos”.
El organismo, según afirmó el sindicalista, contempla temas como los recursos humanos, presupuesto, autarquía, equipamiento e inversiones, entre muchos otros, detalló.
“Las medidas de restricción presupuestaria afectan el cumplimiento de funciones indelegables como organismo del Estado, como la evaluación y control del ambiente, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, el acompañamiento de la agricultura familiar, la sustentabilidad de los sistemas productivos, la viabilidad de las economías regionales y el mejoramiento de la calidad de vida de la familia rural”, afirmó.
El gremialista aseguró que esos temas “no son abordados por la actividad privada, o lo hace de forma parcial y con otros objetivos ligados a lo económico y coyuntural”.
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La Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación promulgada en 2021 propuso un incremento progresivo y sostenido de la asignación total presupuestaria, pasando del 0,52% de inversión del PBI en 2020 al 1,70% en 2030.
“Al contrario de lo que el discurso neoliberal procura instalar para el sistema científico y tecnológico, se necesita más y mejor gestión estatal y una activa participación de los actores de la sociedad civil como las empresas privadas, la agricultura familiar, las organizaciones de los trabajadores y los consumidores”, dijo Romero, quien reclamó “un Estado presente y un INTA fortalecido con personal capacitado y compromiso social”.
Para el dirigente gremial, el 22 de octubre próximo “se definirá el destino de la Argentina y su soberanía, las fuentes de trabajo y la de las familias“, y puntualizó que “la decisión de por quién votar ese día es nuestra, por lo que es preciso hacerlo en defensa propia”.
