El Gobierno Bonaerense imputó a las plataformas de delivery Rappi y Pedidos Ya por cobrar “adicionales compulsivos” en los envíos y les aplicó multas por 400 millones de pesos. La práctica viola la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
La denuncia fue resultado de un relevamiento realizado por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Buenos Aires, que verificó la existencia de una “tarifa por servicio” adicional a los gastos de envío. Lo controversial del cobro tiene que ver con que las aplicaciones no justifican ese gasto ni permiten obviarlo.
Cabe destacar que la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios viene realizando distintos pedidos de denuncia contra las empresas de plataformas por la precarización laboral y por la forma en la que operan con los consumidores. La más fuerte, fue contra Rappi por “utilizar a los trabajadores registrados en su plataforma para maniobras que tienen un alcance sobre Comisión del Delito de Lavado de Activos”. Según constaba en la denuncia presentada en diciembre de 2022 por Gonzalo Ottaviano, trabajador del sector del delivery y miembro de la Comisión Directiva de A.Si.M.M., la empresa “impone a sus usuarios/trabajadores generar la facturación a través de la firma Gestorando” y había solicitado que investigara “a todo aquel que resulte responsable, participe o encubridor”, por “utilizar a los trabajadores registrados en su plataforma para maniobras que tienen un alcance sobre Comisión del Delito de Lavado de Activos”.
Esa denuncia, que contó con el apoyo de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, también incluía que “no existe un domicilio físico visible, según indicó el documento formal” tanto en el caso de Gestorando como de Pago 46, la plataforma bajo la que la compañía exige pagar los saldos negativos. En aquel momento, la empresa se había defendido argumentando que creaban puestos de trabajo, obviando que no los tiene registrados sino bajo un régimen de monotributo y por ende sin acceso a derechos laborales básicos como ART y vacaciones.
En cuanto a la imputación de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo destacó que “el cargo por propina, no requerido previamente por tales consumidores, genera un débito o cargo automático y obliga a quien consume a pronunciarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice, lo que incurriría en una violación al artículo 35 de la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240)”. “ambas firmas le imponen a los consumidores el cobro de sumas de dinero en concepto de “Propina” por la realización de pedidos a través de sus aplicaciones y/o sitios web aún cuando ello no fuera solicitado por quien realiza la compra”, concluyeron.
De esta forma, tanto Rappi como Pedidos Ya fueron notificadas de que ese cobro adicional resulta una “práctica abusiva para trasladar a los consumidores costos y gastos empresarios”. Ahora tendrán 5 días hábiles para hacer su descargo.
