La ofensiva judicial, que se inició ayer con la obligada instancia de conciliación, fue anunciada por Ivetra, que desde junio incorporó otro servicio del TAP (Transporte Argentino Protegido).
Según se supo, la presentación del Instituto lleva la firma del presidente Daniel Llermanos, y declara que los dichos de la Unión Industrial "dañan la imagen de la empresa", pues el servicio no es monopólico sino "optativo".
En este contexto, el matutino capitalino Clarín, publicó que la Junta Directiva de la central fabril analizó el lunes este asunto y decidió enviar notas de protesta al ministro de Planificación, Julio De Vido, y su par de Industria, Débora Giorgi.
El diario local publica hoy que un vocero de la empresa Ivetra señaló que la molestia de exportadores e industriales no es por el costo por contenedor, sino que surge por "el control que genera Ivetra en el puerto, que ofrece información que puede complicar a algunos integrantes de la UIA, ya que han aparecido contenedores mellizos y hasta trillizos".
La fuente agregó que reclamarle al Gobierno es "absurdo", pues "se trata de un pacto entre privados que además es optativo". En rigor, el sistema funciona gracias de un acuerdo con la Cámara de Importadores, el Centro de Navegación y la Cámara de Terminales.
