La Confederación General del Trabajo (CGT) definió ayer que el próximo miércoles 27 realizarán una manifestación a Tribunales para presentar un reclamo para intentar que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el Gobierno. A su vez, el jueves 28 convocaron a un Comité Central Confederal para analizar el plan de acción y, eventualmente, un paro general.
La decisión de la central obrera se produjo tras reunirse con el bloque de diputados de Unión por la Patria y luego entre sus afiliados miembro en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). A raiz del último encuentro, lanzaron un comunicado con los anuncios y donde afirmaron que “entendemos que el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Presidente Javier Milei y secundado por todo su gabinete (sumado algún ex funcionario sin cargo) ha decidido subvertir el orden constitucional al pretender legislar arrogándose la suma del Poder Público y, al igual que hizo en su discurso de asunción, dar la espalda al Congreso de la Nación“.
A su vez, aseguraron que “es necesario subrayar que en este ámbito legislativo están los representantes del pueblo (a través de los Diputados nacionales) y de cada una de las provincias, a través de sus Senadores” y que “cualquier plan de Gobierno que exija la modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate de estos representantes”. En ese sentido, añadieron que “la posibilidad de gobernar vía Decretos exige estados de situación excepcionales de Necesidad y de Urgencia que, en la inmensa mayoría del plexo normativo que se afecta, no tienen esa condición”.
En consecuencia, aseveraron que “su vicio es de origen y por lo tanto nulo de toda nulidad, tal lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Finalmente, calificaron que “una elección de Presidente da legalidad y legitimidad para su cargo”, pero que “ejercer ese cargo exige de las mismas condiciones”. En ese sentido, afirmaron que “ser legal es respetar la Constitución Nacional”, “ser legítimo es convencer a las mayorías” y “si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado”.
Tras estos anuncios, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), conducida por Juan Carlos Schmid, adhirió al comunicado y se declaró en “estado de alerta y movilización”, por lo que afurmó que acompañará la movilización. En sus redes sociales, desde FeMPINRA calificaron que lo decidieron en base a “la ofensiva desatada por el DNU del Gobierno Nacional” y que “allí estaremos con la totalidad de nuestros delegados y directivos al efecto de presentar a la Justicia el pedido de inconstitucionalidad de la norma emitida por el Poder Ejecutivo”.
Durante el día de ayer, otros sindicatos como el de Trabajadores Viales Nacionales, el de Conductores Navales, el Centro de Patrones, el de Peones de Taxis y Aeronavegantes, entre otros, también se declararon en “alerta y movilización” y se espera que acompañen la marcha. Algunos de ellos, como el de Viales, estuvieron presentes en la reunión en la UOCRA.
Apoyo de ITF
La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), a través de Edgar Díaz, su secretario regional, manifestó su apoyo a través de las redes sociales “a nuestros afiliados del sistema multimodal por el ataque frontal a los trabajadores y por la defensa de la división de poderes de la República, ante el avasallamiento por Decreto DNU del nuevo presidente Javier Milei, sin que pase por el Congreso Nacional y quien ahora interviene frente al atropello”.
Así, Díaz afirmó su “solidaridad con las distintas centrales sindicales como la CTA y la CGT, y que esta lleva como uno de sus triunviros a nuestro vicepresidente mundial, Pablo Moyano (Camioneros), por colocarse al frente de las protestas junto a gremios del transporte en defensa de la democracia”. Y agregó que “avalamos la agenda definida con movilización para el próximo miércoles 27 y toda acción que emane de los trabajadores en defensa de sus derechos”.
Finalmente, concluyó que “exhortamos al gobierno de Argentina a que escuche la voz del pueblo trabajador y revierta las medidas que hoy se cuestionan masivamente en las calles”. Asimismo, que “estaremos como ITF junto a nuestros afiliados para garantizar el derecho a huelga, garantizado por la OIT, y que en su normativa deja claro que el transporte no representa un servicio esencial a la hora de realizarse legítimas medidas de fuerza, medidas garantizadas incluso por la Constitución de la Nación”, finalizó.
