Desde la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, solicitaron audiencias en el Congreso para expresar la problemática del sector. Se trata del veto a los artículos de financiamiento de la ley que busca incentivar la actividad.
Luego de varios días de análisis y discusiones, finalmente empresarios, gremios y autoridades llegaron a un acuerdo para las leyes de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Marina Mercante y la Industria Naval, aprobada en el Congreso en noviembre pasado. Las iniciativas pretendían impulsar el crecimiento sustentable de la flota mercante nacional y hacerla competitiva.
En ese contexto, los gremios agrupados en la FeMPINRA accedieron a importar y arrendar barcos usados siempre y cuando la ley estableciera un fondo de financiamiento, así como un régimen de beneficios fiscales para la construcción de buques en astilleros nacionales, según recordó El Cronista en el suplemento Transport & Cargo.
Sin embargo, el Ejecutivo vetó los artículos 10 y 13 de la norma de promoción del sector, la del Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN). Con ello la actividad contaba con un presupuesto anual de 1.500 millones de pesos y se pautaba un beneficio fiscal por diez años para la construcción de naves en el país.
Nota de reclamo al Congreso
Ante esta situación, los sindicatos astilleros reclamaron a legisladores a través de una carta: “Este veto profundizó la disconformidad del sector, tanto de las cámaras empresariales como de los gremios nucleados en la FeMPINRA, al vaciar de contenido una ley que tuvo consenso en todo el arco político y condenar a la desaparición a la industria naval nacional”.
A modo de recordatorio, el escrito siguió: “Esta ley obliga al Estado nacional y sociedades públicas o privadas, que perciban algún aporte o aval del mismo y su actividad implique la demanda de buques a proveedores de barcos construidos en astilleros nacionales. A pesar de eso, el año pasado el gobierno adquirió cuatro lanchas artilladas a Israel por 49 millones de dólares, en tanto que este año dispuso comprarle a Francia cuatro buques patrulleros oceánicos por 324 millones. En la reglamentación de la Ley de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional, se la vació de contenido al dejar en un limbo jurídico a los artículos referidos al régimen de promoción fiscal, la incorporación de buques, la reserva de tráfico para buques de bandera nacional, la obligatoriedad para los buques de bandera extranjera que operen más de 30 días en aguas nacionales, de emplear tripulaciones argentinas y la hipoteca naval, entre otros”, se reclamó en la carta, según El Cronista.
El documento continuó: “Es necesario tener una política activa para el desarrollo de nuestra Marina Mercante e Industria Naval, especialmente para el transporte de cargas y comercio exterior, con el fin de dar sustentabilidad a nuestra flota fluvial y marítima que debe servir para exportar nuestra producción de granos y oleaginosas que son transportados fundamentalmente por la hidrovía Paraná-Paraguay y actualmente representan para el país una erogación de cinco mil millones de dólares anuales en costo de fletes. Ante este escenario no queremos volver a la triste década de los 90, en la cual de la mano de privatizaciones, desregulaciones y banderas de conveniencia prácticamente se destruyeron nuestra marina mercante e industria naval con la liberación en el ingreso de buques extranjeros”.
Los sindicatos también pidieron la creación del Foro Federal para la seguridad en la navegación, en el cual “se involucren todos los actores participantes de manera tal de generar en el sector mejores condiciones de trabajo así como de seguridad e higiene, garantizando una adecuada capacitación a los trabajadores del sector por medio de una mejora en los niveles de formación e instrucción así como de concientización sobre el rol que cumple la seguridad en la navegación”.
Finalmente, se resaltó la necesidad de “interpretar al complejo marítimo como un único sistema económico integrado por la marina mercante, los puertos, las vías navegables y la industria naval, el cual debe ser colocado al servicio de la soberanía nacional y a un proceso de industrialización con inclusión social en el marco de una visión geopolítica que garantice los intereses permanentes de la Nación”.
