Tras la finalización de la etapa de investigación de la causa Uber, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad formuló hoy el “requerimiento a juicio” del caso y solicitó las “penas correspondientes” para sus principales directivos.
La Fiscalía acusa a la compañía privada de transporte de pasajeros “Uber Argentina” de haber organizado “actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público”, ya que considera que “a través de su aplicación, ofrece la prestación en vehículos que no cuentan con la debida autorización”. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal confirmó en un comunicado que “se les imputa la violación de clausura de su página web, hechos penados por los artículos 86 (segundo párrafo) y 74 del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires”.
Sobre esa causa se imputa a los directivos de la empresa, “solicitando a Fernando Cao la pena de 100.000 pesos más la accesoria de bloqueo de la página de Uber hasta tanto se habilite la firma para ejercer la actividad, y una multa de 30 mil pesos para Miguel Rattagan“. Además para Enrique Gustavo Gibert y Ricardo Mihanovich Murphy se pidió una pena de diez días de arresto, mientras que para Mariano Otero, Fernando Horacio Cao y Diego Olivera solicitaron la “pena principal” de 20 días de arresto.
Asimismo, se pidió la inhabilitación por dos años para “realizar, organizar, desarrollar, explotar y publicitar actividades de transporte de pasajeros de cualquier tipo para los directivos mencionados”. Para la audiencia de juicio, la Fiscalía ofreció la declaración testimonial de más de 140 personas, entre ellas funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y oficiales de la Policía de la Ciudad.
“Asimismo, la Fiscalía ofrece toda la documentación y elementos secuestrados en los distintos allanamientos relacionados a la investigación”, dice el comunicado. Otras 216 causas están en trámite vinculadas al legajo “UBER s/ art-86 y 77 del CC” (choferes), de las que 120 ingresaron sólo durante enero. “Se firmaron 16 juicios abreviados con penas de arresto y se realizaron audiencias de juicio con 23 condenados, mientras que se requirieron 65 causas más”, concluyó el documento.
