El incremento tarifario fue aprobado por la mayoría de los integrantes del Concejo Deliberante con una abstención.
También hubo un voto positivo pero con críticas a la falta de controles municipales para erradicar a los denominados "remises truchos" que constituyen competencia desleal para el resto del transporte público que trabaja en la legalidad. La nueva tarifa, que implica un incremento del 22,8 por ciento, fue defendida en el recinto por el presidente de la comisión de Transporte y Tránsito, Fabián Lugli.
El funcionario comunal justificó el incremento en la suba de los costos de varios de los insumos y obligaciones que deben solventar los propietarios taxistas para poder mantener sus unidades en servicio, informó el diario El Día. Lugli dijo que el aumento era el resultado de ese cálculo y de una serie de rondas de consenso con el sector. El expediente -un dictamen de comisión que fue aprobado sobre tablas- contó con el apoyo de 22 de los 23 ediles presentes ayer en el recinto a partir de una ausencia.
El concejal Julio Irurueta, que representa al Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, fue autorizado por el cuerpo a abstenerse y fundamentó esa postura en la necesidad de "dejar en claro que no nos oponemos a un aumento en la tarifa que reclaman los taxistas pero no convalidamos la política del municipio sobre el tema". Irurueta dijo que "a pesar de ser un servicio público de transporte, los taxis no reciben subsidios como sí los recibe el transporte colectivo pero además enfrentan diariamente la competencia desleal de los remises truchos que es un tema donde el Municipio tiene poder de policía para intervenir y ponerle fin".
El edil macrista señaló que "con este aumento del servicio de taxi legal lo único que se logrará es que se beneficien los remises truchos porque serán más accesibles al público por lo que creemos que este aumento debería ir acompañado por una política de control sobre esa actividad ilegal".
El último aumento que se había otorgado a la tarifa de taxis fue en diciembre del 2009, cuando habían llevado la bajada de bandera a $3,50 y la ficha a $0,30. El sector venía reclamando desde hace un tiempo este nuevo incremento aduciendo mayores costos para el mantenimiento de los vehículos.
