La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) llevó adelante un encuentro nacional con la presencia Consejo Asesor Central, el Secretariado Nacional y los Delegados Regionales en el que exigió que se respete la reciente decisión de la Justicia Federal Pampeana, la cual declaró nula la intervención de OSPRERA, y demandó que la obra social siga en manos de los trabajadores rurales.
Este pedido a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha sido aprobado y conformado por todo el Consejo Asesor Central, por el Secretariado Nacional y los Delegados de UATRE de todo el país. Por su parte, el Secretario General, José Voytenco, destacó ante los delegados presentes de todo el país la importancia de esta decisión. “Es hora de decir basta a quienes buscan inmiscuirse indebidamente en los asuntos de los sindicatos y sus obras sociales, con el fin de debilitar a los dirigentes populares y al movimiento obrero en su conjunto”, enfatizó Voytenco.
El fallo judicial, emitido a finales de agosto por la Justicia Federal de La Pampa, anuló la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a principios de ese mismo mes, tras señalar irregularidades en el proceso administrativo. La intervención había sido formalizada mediante el Decreto Nº 720/2024, argumentando problemas de liquidez y endeudamiento en la obra social.
Voytenco resaltó que la intervención fue una medida injusta y que su única finalidad fue despojar a los trabajadores rurales de la gestión de su obra social. “Reafirmamos que la UATRE es y será un bastión de libertad, y no cualquier libertad, sino la de gestionar nuestra propia Obra Social, entendiendo profundamente las necesidades de la familia rural”, señaló.
Ante esta situación, el gremio consensuó una serie de reclamos dirigidos tanto al Poder Ejecutivo como a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS):
1. La nulidad absoluta del decreto de intervención de OSPRERA, al considerarlo carente de los elementos esenciales de un acto administrativo.
2. La ratificación del fallo de la Justicia Federal del 21 de agosto, que hizo lugar al pedido de UATRE y declaró nula la intervención.
3. El respeto a la resolución previa de la Justicia Federal del 10 de junio, que ordenaba la normalización de OSPRERA a través de sus cuerpos orgánicos.
4. Que OSPRERA quede en manos de sus verdaderos afiliados y beneficiarios, ya que es la UATRE quien mejor conoce las necesidades del sector rural.
5. Que la Superintendencia de Servicios de Salud respete su propia decisión al emitir el certificado de Autoridades y Mandatos hasta el 30 de junio de 2028.
6. Que la Superintendencia de Servicios de Salud no ignore las decisiones de la Justicia y se ajuste a las funciones para las cuales fue creada.
7. Que el Gobierno Nacional respete la división de poderes y la libertad sindical.
“Quiero reafirmar mi compromiso, que no es con la política sino con cada uno de ustedes, con cada trabajador rural y sus familias”, concluyó Voytenco, insistiendo en la necesidad de unidad frente a los desafíos actuales.
