En un comunicado publicado el día de hoy, el Frente Sindical Aeronáutico cuestionó fuertemente la intención del Ministerio de Capital Humano de la Nación de reglamentar la esencialidad del servicio aeronáutico comercial para garantizar servicios mínimos, argumentando que “dicho cometido concluiría en una decisión arbitraria e ilegal, comprometiendo la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participen de la misma”.
El comunicado firmado por Aeronavegantes, APLA, UPSA y APA subraya que “el transporte ya está regulado como servicio público de importancia trascendental, en las condiciones establecidas por la norma, conforme la reglamentación del derecho de huelga, reconocido constitucionalmente, mediante la ley 25.877”. A su vez, los sindicatos alegan que el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 representa un “intento por valerse de un atajo inconstitucional”, ya que la Cámara de Trabajo, en el mes de enero de este año, invalidó el intento por modificar la propia Ley 25.877 en materia de huelga.
Además, los sindicatos argumentan que la actual legislación, establecida en el artículo 24 de la ley 25.877 y su reglamentación mediante el Decreto 272/06, determina que “sólo a través de una “Comisión de Garantías”, integrada por expertos, se podrá declarar un servicio esencial a un servicio público de importancia trascendental, como podría ser el transporte, y en tal caso dar oportunidad a las partes para que establezcan los servicios mínimos y, de no llegar a ello, determinarlos dicha comisión”.
Los sindicatos también cuestionan el rol del Secretario de Trabajo, acusando al gobierno de actuar en conflicto de interés al intervenir en un conflicto laboral donde también es parte como empleador. Señalan que la Secretaría de Trabajo debería haber intentado mediar en el conflicto bajo la Ley 14.786, pero en lugar de ello, ha suspendido el ejercicio de huelga sin convocar a las partes para negociar.
El comunicado de los sindicatos también destaca que el Secretario de Trabajo, al ser parte de la Comisión de Garantías y haber representado previamente a empleadores en la OIT, está en una posición comprometedora al firmar actos que violen el marco legal vigente. Los sindicatos advierten que estas acciones no solo serían ilegales, sino también un abuso de autoridad.
Finalmente, los sindicatos han hecho un llamado al gobierno para que se adhiera a la legislación actual y respete el derecho constitucional de huelga, advirtiendo que cualquier desviación de este marco legal podría constituir una violación grave de los deberes del funcionario público. “Están a tiempo de evitar la consumación del ilícito, reconociendo el marco legal vigente y garantizando el derecho constitucional de huelga conforme la norma que lo reglamenta”, concluyeron.
