El secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno expresó su opinión a partir de la polémica que generó la llegada de un remolcador proveniente de Europa para reemplazar trabajo argentino. “Se trata de una violación a la Ley de Cabotaje”, sostuvo y agregó que detrás de esta situación “existe un negocio de Millones de dólares con la petrolera Oiltanking”.
Se trata de la inminente llegada del remolcador de ultramar “ALP Striker” con bandera de Países Bajos, que zarpó desde el Puerto de Las palmas (ESP) el pasado 16 de febrero, antes de la presentación de excepción de cabotaje realizada el pasado 21 del mismo mes. En ese sentido, el dirigente afirmó que “nadie solicita un remolcador del otro lado del Océano si no tiene las garantías de que va a trabajar”.
Así, en pocos días, el Supply llegará al Puerto de Rosales (Bahía Blanca) a pedido de la firma Oiltanking Ebytem para recuperar la operatividad de la monoboya Punta Ancla que abastece, por una cañería submarina de 2.000 metros de longitud, a la planta de 18 tanques desde la cual se bombea el crudo hacia las refinerías instaladas en La Plata, donde se lo industrializa.
El trabajo se enmarca dentro de la Ley 19.492 (Ley de cabotaje), que claramente establece en su Artículo 1 que “la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados únicamente por barcos argentinos”. La empresa presentó un pedido de exención de cabotaje (waiver) con especificaciones técnicas que dejan afuera a una Grúa argentina que ya realizó estos trabajos.
Para Moreno se trata de “un engaño millonario que deja afuera a empresas y trabajadores argentinos” y sostuvo que “sin dudas es un puntapié para reemplazar el trabajo local”. El Capitán dijo que “si el gobierno habilita la exención por cuestiones técnicas, queremos un seguimiento que demuestre la imposibilidad de usar el servicio de bandera nacional a través de la grúa Magnus IX”.
El pedido de la empresa que contrató el Supply antes de obtener el permiso encendió las alarmas a los gremios de la actividad, lo que motivó a un primer comunicado. En ese sentido, el dirigente del Centro de Patrones apuntó a los funcionarios responsables de liberar el permiso y adelantó que “un waiver de bandera extranjera se paga en dólares y el dinero se va afuera. Acá no queda nada. Al gobierno no le interesa, es extranjerizante y no le interesa la soberanía”.
“Por un lado van a ser cómplices en el incumplimiento de una Ley que se convierte en un delito”, sostuvo Moreno sobre las decisiones que vayan adoptar desde el Estado, y “socios por otro lado, porque hay un negocio de mucha plata y alguien debe estar detrás de esto”, cuestionó.
Moreno afirmó además que “es una mentira de patas cortas, porque cuando se realice la operación veremos si el pedido tuvo intención de dejar afuera a los trabajadores argentinos o los armadores locales no están a la altura de los requerimientos”.
“Yo quiero ver si la cuestión técnica es real en la operación y que la grúa argentina Magnus IX no pueda hacer el trabajo por una falta de capacidad de elemento y no por una estafa y engaño de la Ley de Cabotaje”, advirtió.
Por otro lado, el gremialista sostuvo que se está destruyendo el sistema administrativo federal en aras de una libertad que “nos está vendiendo de a pedazos” y que “a diario vemos que la administración del Estado está acéfala en áreas claves, y los pocos funcionarios que están no tienen la potestad resolutiva que necesita el país para producir”.
