Por estas horas en las que se vive un vértigo en las terminales de transporte del país, ante las nuevas restricciones frente al avance del Covid-19, hay malestar del personal de seguridad privada.
Esta tarde la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) que conduce Ángel Alberto García, denuncio que la Obra Social de la actividad, Ospsip, “sufre una sistemática persecución política bajo irregularidades de fallos judiciales”, motorizados por el Superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Eugenio Zanarini.
El sindicalista denunció que el funcionario -hombre del ex ministro de Salud Ginés Gonzalez García– logró un fallo en la justicia para intervenir la Obra Social del gremio de Seguridad Privada. Ángel García avisó que apelará la medida que no queda firme y lo acusó de “entorpecer el funcionamiento de la institución” en medio de la pandemia.
Zanarini duramente cuestionado
El control de la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Ospsip) se convirtió así en un nuevo tema de debate judicial. “Es que el Superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Eugenio Zanarini, insiste en colocar un delegado normalizar y quedarse con el comando de la institución. Algo irregular e injustificado, que solo demuestra que quiere hacerse de la caja de una actividad estratégica”, indicó García.
Ahora, el funcionario consiguió un fallo de la Cámara de Apelaciones que lo avala. En concreto la sentencia lo que hace es revocar una cautelar que le había impedido nombrar un hombre de su confianza como delegado normalizador por una resolución de la Superintendencia.
Desde la UPSRA, que lidera García y desde su Obra Social ya avisaron que apelarán lo resuelto por la cámara y que llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “No hay justificación legal alguna, solo el uso de la impunidad de un cargo para beneficio propio. No vamos a dejar que nos atropellen”, disparó el dirigente contra el funcionario, que integró el equipo que terminó con el despido de Ginés por el vacunatorio VIP.
El riesgo de los vigiladores y el Malestar
Además acusaron a Zanarini de “entorpecer” el funcionamiento de la institución en la pandemia, justo en un momento tan delicado como es el del brote de contagios producto de la segunda ola.
“Continuaremos con las puertas abiertas de la institución, naturalmente en las condiciones que nos impone la emergencia sanitaria imperante, para suministrar cualquier información y atención que requieran sus afiliados, beneficiarios y trabajadores”, especificaron des UPSRA para llevar tranquilidad a los afiliados.
Vale recordar que la cuestión comenzó el año pasado cuando Zanarini dictó una resolución por la que designaba un “delegado normalizador” en la obra social. Más tarde la justicia la dejó sin efecto porque consideró que la Superintendencia de Servicios de Salud “se habría excedido en sus facultades al designar un administrador Provisorio, asignándole poderes y funciones propias de un interventor, decisión que solo se encuentra en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional y no del organismo descentralizado”, según determinó la justicia.
La Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Ospsip) cuenta unos 48 mil afiliados directos y un total cercano a los 100 mil beneficiarios.
