El nuevo interventor de la cooperativa portuaria, Roberto Pascualino anunció la compra de kits para efectuar testeo de COVID-19. La carga podría ser decomisada por el Estado provincial o nacional. Peligro sanitario en el puerto.
En medio de una crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, el mimso Pascualino fue quien realizó el polémico anuncio de una compra que podría suscitar acciones legales del gobierno provincial o del Estado nacional. La carga podría quedar sujeta a ser decomisada y fue adquirida con el dinero que produce el trabajo de los estibadores de Puerto General San Martín.
Se conoce que el responsable de la torpeza administrativa que en tiempos de pandemia roza la ilegalidad es el nuevo interventor de la cooperativa portuaria, Roberto Pascualino, el mismo que reemplazó en el cargo a Juan José Schaer luego que el sindicalista Herme “Vino Caliente” Juárez fuera procesado por asociación ilícita, lavado de activo y malversación de fondos.
De acuerdo a información obtenida por empleados de la cooperativa, la adquisición del material médico fue realizada de manera unilateral y sin aviso, ni consenso con la Cámara de Actividades Portuarias, las terminales o el mismo sindicato del SUPA, todos organismos del sector que desde hace un tiempo trabajan por la recuperación del trabajo y las condiciones laborales necesarias para sostener la seguridad sanitaria de los trabajadores.
La relación entre Pascualino y los trabajadores no es la que se esperaba desde el Juzgado Federal responsable de su designación. Hasta el momento el interventor no recibió a los trabajadores que ya le realizaron distintas peticiones y audiencias para aclarar temas relevantes para la actividad.
Recientemente tuvo una gran trascendencia el amarre de un buque proveniente del exterior en el muelle de la AGD en Puerto General San Martín, la tripulación del mismo habría salteado la cuarentena reglamentaria prevista para proceder al proceso de estiba. Ante esta situación el SUPA se negó a designar personal para tareas de observancia de reglas de protocolo sanitario, medida que fue avalada por los propios estibadores de la cooperativa.
Ante la negativa del mismo personal de Prefectura Naval para realizar el relevamiento por la situación sanitaria del buque, fue Pascualino, el mismo interventor de la cooperativa, que se presentó como garante técnico económico buscando priorizar la operatividad de la empresa y no la de los trabajadores designados para la estiba sin perjuicio de la oposición del SUPA, el controvertido buque continuó operando, aunque sin estiba, poniendo en peligro a la comunidad portuaria.
