La decisión de la Cámara convalidó lo dispuesto en primera instancia por el juez Claudio Bonadío: "habilitar la intervención como acusador privado a quien las víctimas directas del hecho sindican como responsable civil de los daños ocasionados no sólo es un escenario notoriamente diverso de aquellos verificados en los precedentes traídos a colación por la parte, sino que implicaría admitir como posible que puedan coexistir en la misma persona el ejercicio de roles procesales tan antagónicos como estratégicamente opuestos", sostuvieron en el fallo.
Los jueces explicaron que la causa está orientada "a establecer las causas inmediatas del siniestro como así también las mediatas, determinadas por la presunta ausencia de mantenimiento e inversión que podría haber afectado la seguridad del transporte ferroviario y haber incidido en el resultado dañoso producido". Además, los camaristas recordaron que tras el trágico accidente y por decisión del Gobierno Nacional se le quitó a TBA la concesión del ramal Sarmiento y Mitre y las mismas quedaron bajo la órbita del Estado.
"No puede desatenderse que se han presentado como querellantes en esta causa numerosas personas -familiares y víctimas del suceso-, algunos de los cuales han impulsado la acción no sólo a efectos de obtener una respuesta punitiva sino también resarcitoria, dirigiendo el reclamo contra quien, entienden, debe responder civilmente por el hecho", afirmaron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.
En ese sentido, aseguraron que la imposibilidad de aceptar como querellante al Ministerio no es por "la presencia de funcionarios públicos imputados, sino de la concreta existencia de querellantes que han manifestado su voluntad de accionar contra el Estado Nacional en su condición de titular y garante del servicio público concesionado".Es que en la causa además de tener como imputados a los ex secretarios de transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, también lo están funcionarios de la CNRT, y ex directivos de TBA.
