El servicio de transporte público de pasajeros se reanudó hoy en Tucumán, al levantarse el paro iniciado tres semanas atrás por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), luego de que se acreditaran los fondos nacionales en concepto de subsidios, dinero que permitirá saldar parte de la deuda salarial, se informó esta mañana.
A través de un comunicado conjunto, César González, secretario General de la UTA, y Jorge Berreta, en representación de los empresarios, anunciaron que se llegó a un acuerdo para comenzar a saldar los haberes de septiembre y de esa forma se pudo destrabar el conflicto que tuvo a los tucumanos sin el servicio de transporte público desde el 6 de octubre pasado.
“Con los fondos recibidos -153 millones de pesos- hemos acordado que se depositen 20.000 pesos en la cuenta de los trabajadores”, explicó González, quien indicó que la mayoría de las empresas adeudan en promedio unos 50.000 pesos a cada trabajador.
El dirigente de UTA adelantó que en el transcurso de la semana habrá reuniones para ver cómo encuentran una solución de fondo al problema del transporte y de qué manera se completará la planilla salarial de los choferes de colectivos.
Según González, la crisis del sector pone en peligro la fuente laboral de casi 4.000 trabajadores y señaló: “Esta situación nos afecta muchísimo porque el transporte público está entrando en un callejón sin salida”.
“Nosotros tenemos necesidades como tienen todos los trabajadores”, expresó el gremialista, quien dijo entender el enojo de los usuarios por la falta de transporte y pidió a quienes “tienen la responsabilidad de analizar esta situación estén a la altura de las circunstancias porque de lo contrario el conflicto va a seguir”.
Mientras tanto, los principales municipios de la provincia, incluyendo a la capital, decidieron implementar un servicio de transporte alternativo para que los trabajadores pudieran movilizarse, dado que en lo que va del año los tucumanos estuvieron más de 60 días sin ómnibus por los paros de UTA.
Por ese motivo se abrió la inscripción de aspirantes para prestar un “servicio excepcional” de transporte con vehículos de menor capacidad como combis o minibuses, con una serie de requisitos para ser autorizados.
