Asi lo decidió el Gobierno Nacional y relicitó las obras bajo la modalidad de obra pública convencional, luego de decidir la rescisión de los contratos con las empresas encargadas de las obras en los Corredores E y F. El gremio del sector apoyó la medida.
Así, el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, informó que “este jueves se llegó a un acuerdo de rescisión con las empresas Corredor Panamericano I y II, entidades encargadas de la administración y desarrollo de los corredores viales E y F, licitados bajo modalidad de Participación Pública-Privada (PPP)“, indicaron.
Tras dos años de concesión, Vialidad Nacional decidió finalmente rescindir los contratos luego de que no se cumplan las condiciones de inversiones mínimas y el plan de obras haya quedado estancado en torno al 2%. En ese sentido, el Gobierno verificó que ninguna de las obras de fondo logró avanzar y que las empresas no consiguieron financiamiento necesario.
El pasado 27 de mayo, y tras comprobar una serie de irregularidades e incumplimiento de obligaciones contractuales, las empresas fueron intimadas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos. Finalmente, el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
“Hoy es un día importante para todos los argentinos porque marca el fin de un esquema ruinoso para el país como lo fueron las PPP. El fracaso de este sistema está a la vista: en más de dos años solo se logró ejecutar un irrisorio dos por ciento de las obras” aseguró Gustavo Arrieta, administrador general de Vialidad Nacional.
Además, Arrieta agregó que “a partir de ahora, el Gobierno Nacional retomará el control de estos dos primeros corredores y, antes de fin de año, nos comprometemos a poner en marcha el proceso de licitación de obras que quedaron truncas por los PPP”.
De esta manera, el funcionario de Vialidad remarcó “es importante destacar que este proceso no solo fue profundamente negativo para el Estado Nacional y los intereses de los argentinos, sino que también lo fue para los usuarios porque no se pudieron hacer las obras y para las empresas concesionarias. El sistema PPP fue rentable única y exclusivamente para el sector financiero”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que “desde el Gobierno mantenemos la misma posición desde que asumimos: defender con todas las herramientas el patrimonio de los argentinos y argentinas. Por eso, Vialidad Nacional, como organismo rector en la planificación vial, va a realizar las obras que no se hicieron en estos dos años”.
El corredor E comprendía una red de caminos compuesta por la Autopista Campana-Rosario (RN 9), la ruta nacional 183 de Buenos Aires y las rutas nacionales 11, 34, A008 y A012 de Santa Fe, mientras que el corredor F comprendía la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la ruta nacional 33 de Santa Fe. Ambos estaban a cargo de un consorcio conformado por las empresas Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA y la española COPASA.
Apoyo gremial
En tanto desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de Vialidad Nacional STVyARA liderado por Graciela Aleñá, celebraron la decisión a cargo del Ministro Katopodis: “Se está haciendo justicia. Quedó demostrado que la gestión de Dietrich trabajó en contra de los argentinos, privilegiando los negocios al interés común“, indicaron.
Además desde el gremio que integra la CATT y el Frente Sindical de Pablo Moyano, enfatizaron la larga lucha que llevaron adelante durante los cuatro años de la gestión anterior, en la que plasmaron ante la justicia denuncias por sobreprecios en obras y sobre la creación de Corredores Viales S.A con duplicación de funciones de Vialidad Nacional. “Nosotros llevamos a la justicia las denuncias penales a la gestión Dietrich, nos mintieron a todos los argentinos bajo su falsa política de transparencia e idoneidad”, reflexionó la dirigente sindical.
