Los trabajadores de la terminal portuaria de Santa Cruz acusaron a las empresas de acumular solo ganancias y responsabilizar a los gremios por la situación. Además reclamaron al Gobierno el cuidado del recurso y su proceso en la industria nacional.
Silvio Santi y Mario Orellana, de los gremios de apuntadores marítimos (Seamara) y guincheros (SGyMGM), respectivamente, explicaron por medio de una carta abierta difundida por la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), encabezada por Juan Carlos Schmid, que ese personal “eventual” depende de los tiempos de las zafras de cada recurso, ya que “se trabaja con calamar, langostino, centolla y merluza”.
El doble conflicto que impide a los “eventuales” cumplir tareas relacionadas con la negociación paritaria del Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) de Rodolfo Daer y del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Raúl Durdos, hoy conciliado por Trabajo por un lapso de 15 días.
Esas protestas provocaron unos 100 despidos, luego de que las empresas decidieron calificar los paros como “ilegales”, y también la acción gremial de ocupación de las plantas, que impidió el ingreso de personal y de mercaderías.
“La situación ya lleva 25 días. Al no poder entrar la mercadería, las firmas no ingresan los barcos y, por lo mismo, es imposible trabajar”, señalaron.
Los “eventuales” detallaron que el grave conflicto del SOMU implicó que los barcos congeladores no salgan a pescar por decisión patronal en pleno inicio de la zafra del langostino, luego de fundamentar “pérdidas” por la pandemia de coronavirus, aunque sí determinaron tareas para las naves fresqueras.
“Cada año más fresqueros pescan con habilitaciones nacionales y se descuida el recurso, que de renovable en breve será no renovable. Los apuntadores, guincheros y estibadores de Puerto Deseado dependen solo de eso, al igual que la economía del lugar, junto con la actividad minera”, señaló la misiva.
Los trabajadores “eventuales” denunciaron que mientras la actividad y los trabajadores fueron declarados “esenciales”, no ocurrió lo mismo con las empresas, que explotan “el recurso y lo exportan, aunque esa carga no emigra con valor agregado o lo hace con una mínima proporción”.
El personal reclamó al Gobierno nacional “el cuidado del recurso y la imposición a las compañías de que al menos el 50 por ciento del producto se procese en el país”, y denunció que la cámara Capip “se ufanó de decir que ya se perdió la temporada de langostino, lo que implicará una parálisis total de las tareas”.
Entre los tres gremios reúnen a unos 300 trabajadores que no cumplen tarea alguna, a quienes se suman otros 500 entre despachantes de aduana, reparadores de barcos, camioneros, proveedores y agencias marítimas.
“Está en riesgo el sector pesquero de toda la Patagonia y del país y no por culpa de los sindicatos. Las empresas jamás mencionan sus ganancias. En los últimos tres años batieron récords en toneladas de langostino y, el calamar, alcanzó niveles superlativos de exportación a partir de la pandemia”, sostuvieron.
Por último, el personal “eventual” denunció que “las empresas depredan los recursos, lo trasladan a sus cámaras para agregarles valor y generar puestos de trabajo en otros países”, y sostuvo que “no es posible permitirles el saqueo del país a patrones que, en su inmensa mayoría, son todos extranjeros”, concluyeron.
